Cubanálisis El Think-Tank

           ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

         Eugenio Yáñez y Juan Benemelis

 

 

 

   

 

 

                               

                                                                                                                                                            

 

EL CASTRISMO Y LA VULNERABLE DEMOCRACIA LATINOAMERICANA ( I I )

 

El Estado

 

América Latina no es un continente homogéneo y de características generales comunes. Tal visión resulta un estereotipo que impide visualizar las diferencias entre sus países, las disparidades económicas y de recursos naturales, y lo heterogéneo de sus poblaciones en términos étnicos y raciales.

 

La clase política criolla latinoamericana no se ha percatado de que al desvanecerse la Guerra Fría estamos en presencia de un Nuevo Orden Mundial, donde China se ha transformado en la fábrica mundial de manufacturas; la carta asiática ya es decisiva en el planeta, al punto que la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), es un bloque económico superior a Europa; donde se perfila la nueva bipolaridad China-EEUU; donde la potencia nuclear Unión Soviética ha sido sustituida por el petro-Estado de Rusia.

 

De ahí que en Europa el eje Alemania-Francia, a partir de Merkel y Sarkozy, esté buscando una solución. Por su parte, la India está demostrando que es factible pasar de una sociedad agraria a una sociedad de servicios saltándose la etapa de la sociedad industrial; y Brasil y China compiten con Estados Unidos y la Unión Europea en la fabricación de grandes aviones de pasajeros.

 

Por ello, la grave crisis social, política y económica que recorre el continente suramericano, donde de unos 600 millones de habitantes casi 200 millones sobreviven con menos de dos dólares diarios; el terrorismo internacional de trasfondo islámico se mueve libremente; existen estados fallidos; la geopolítica del hidrocarburo ha conformado una alianza torcida desde La Habana y Caracas, que se analizará en detalles posteriormente; y el tráfico de drogas, junto a la migración ilegal hacia Estados Unidos, son puntos decisivos en las agendas de seguridad nacional.

 

Mientras el resto del planeta asume la “realpolitik”, en América Latina la ideología ha reemplazado a la política; las corporaciones mafiosas han suplantado a los partidos políticos, mientras las burocracias aplastan a las instituciones. El Hemisferio no ha logrado asumir la globalidad, no intenta conformar tratados de defensa ni de seguridad colectiva, y mantiene el viejo esquema de buscar la integración por la vía comercial.

 

En las últimas décadas los países más estables en el hecho democrático han sido Brasil y Chile. Se puede señalar a Uruguay, Perú, Panamá y Costa Rica como democracias que luchan por institucionalizarse definitivamente. También podría incluirse a la incomprendida Honduras, que recién logró frustrar los intentos de un régimen “chavista”, a pesar de recibir el repudio de la Europa social-demócrata y de un enfoque miope del Departamento de Estado norteamericano.

 

En el otro extremo del arco iris nos encontramos con Cuba bajo el comunismo castrista, y al conjunto del ALBA, de presidencias autoritarias con aspiraciones al socialismo, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Y un grupo gris, Argentina y Paraguay, que guardan su imagen pública democrática, pero que en el fondo se inclinan a los políticos del ALBA.

 

En palabras de Álvaro Vargas Llosa, nos hallamos ante una tensión cultural entre modernizadores y reaccionarios, hecho que ha complicado el desarrollo en el continente. Vargas Llosa ubicaba en el plano de la centro-derecha al mexicano Felipe Calderón, el colombiano Álvaro Uribe, y el salvadoreño Antonio Saca, como defensores de la economía de mercado y del Estado de Derecho. Se debe al ex presidente Francisco Flores que El Salvador haya podido mantenerse como un modelo de libre mercado para el conjunto de América Central.

 

En una izquierda a cuyos integrantes calificaba de “mansos socialdemócratas”, Vargas Llosa colocaba al brasileño Lula da Silva, al peruano Alan García, al uruguayo Tabaré Vázquez y al costarricense Oscar Arias. La izquierda candente estaba convocada por los hermanos Castro en Cuba, el venezolano Hugo Chávez, el nicaragüense Daniel Ortega, el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, y el paraguayo Fernando Lugo, todos con visiones marxistoides y apuntalados por los petrodólares.

 

El matrimonio argentino de los Kirchner, falsificando sus crisis económicas, giraba en torno a esta última cuadrilla; por ello trataron de deshacerse de las inversiones privadas extranjeras y promover las empresas estatales. En el Perú, Ollanta Humala se mantiene todavía como una sombra indefinida que gobierna su país predicando un alejamiento del chavismo, pero para muchos todavía eso está por ver definitivamente.

 

Así reaparecieron en la región el populismo, el caudillismo, el indigenismo, el autoritarismo y la tiranía, bajo diferentes denominaciones. Fue La Habana quien mejor supo explotar, con sus aparatos de inteligencia y propaganda, y con su diplomacia, las carencias institucionales del continente en la posguerra fría.

 

El Estado en América Latina es extremadamente débil en términos de recursos, y por ello incapaz de afrontar la desigualdad y la exclusión social, e insuficiente en ofrecer servicios y bienes públicos de alta calidad; transformado en una influencia de sentido contrario, acrecienta los niveles de desigualdad socio-económica del sub-continente, los más altos del planeta, donde el 10% de los latinoamericanos con menos recursos dispone solamente del 1.6% de la riqueza del continente, y el 10% con más recursos dispone del 48% de esa riqueza.

 

Pero la situación del continente en lo estructural y político es un cuadro mucho más complejo que el pregonado por las simples recetas de Hugo Chávez y Raúl Castro, y no es nada homogéneo. Como ya hemos mencionado en la primera parte de este trabajo, el modelo presidencialista ha sido el generalizado en los países latinoamericanos desde las independencias en el siglo XIX, desbalanceando el equilibrio de poderes, al abrogarse a su vez facultades legislativas y, por ende, estar demasiado cerca del hecho autoritario.

 

Y la filosofía política mas aceptada por los candidatos públicos ha sido siempre el populismo demagógico, encaramado en burocracias asfixiantes, con sistemas judiciales sometidos a la autoridad política. Todo eso se complicó en la década 1980, al ser la socialdemocracia quien logró sustituir a los gobiernos militares, y a través de la socialdemocracia Europa transfirió su crisis cultural y su decadencia al continente.

 

En el 2005-2006 llegaron o se mantuvieron en el poder, vía electoral, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Oscar Arias en Costa Rica, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Alan García en Perú, y Hugo Chávez en Venezuela.

 

A este grupo se sumaria después el ex obispo católico Fernando Lugo, devenido presidente del Paraguay. En cuanto Lugo obtuvo la victoria electoral sobre la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar, se abrió inmediatamente a Cuba, Venezuela y Bolivia. Paraguay, además, sostiene contenciosos con sus vecinos Brasil y Argentina, debido a los contratos para la explotación hidroeléctrica de Itaipú y de Yacyreta, que en realidad no le favorecen

 

La producción de soja, en manos de cultivadores brasileños, es otro de los motivos de fricción de Asunción con Brasilia, aunque si bien Lugo se ha adherido públicamente al bolivarianismo y recibe de Hugo Chávez grandes suministros estratégicos de petróleo, mantiene una proyección más discreta.

 

Así es como los otrora “terroristas-revolucionarios”, de escuela neo-estalinista, han ido llegando a los ejes del poder en muchos países del continente; pero esta vez no a partir del “foco guerrillero” castro-guevarista ni de la “revolución en la revolución”, sino por la vía electoral, por la puerta que abrió la socialdemocracia “gramsciana”, con el sostén no siempre demasiado discreto de los narcodólares y de los petrodólares venezolanos.

 

El retrato de la situación lo describe Vargas Llosa con las siguientes palabras:

 

“Pero todos los populistas comparten características básicas: el voluntarismo del caudillo como sustituto de la ley; la impugnación de la oligarquía y su reemplazo con otro tipo de oligarquía; la condena del imperialismo -que a menudo es un pretexto para odiar a los Estados Unidos-, el “tercermundismo”, en las apropiadas palabras de Carlos Rangel, es decir la proyección de la lucha de clases entre ricos y pobres al escenario de las relaciones internacionales; la idolatría del Estado como fuerza redentora de los pobres; el autoritarismo bajo el disfraz de la seguridad del Estado, y el clientelismo, una forma de padrinazgo mediante la cual el gobierno es el conducto para la movilidad social y la manera de obtener un “voto cautivo” para las futuras elecciones”.

 

La gran impotencia estatal en el sub-continente es su fallido sistema tributario, la crónica política fiscal y de impuestos. Tal debilidad fiduciaria se demuestra en su nulidad infraestructural para hacer frente a los niveles de desigualdad. Pero lo llamativo es la ausencia de una reforma tributaria, del esfuerzo por modernizar el servicio civil, del compromiso por crear maquinarias partidistas modernas más allá del caudillismo y el clientelismo.

 

En los países de América Latina la recaudación tributaria no excede el 12 % del Producto Interno Bruto. Con estos recursos, el Estado no puede resolver los desequilibrios sociales ni proveer los bienes públicos mínimos.

 

La clase media que se fue conformando a partir de la década 1970 no ha logrado verse representada en el poder. El valor de la inversión en el continente es aún muy bajo, salvo en el caso de Chile, y tropieza con legislaciones laborales extremadamente rígidas, con restricciones en la movilidad laboral, y con muchas dificultades y trabas para la creación de nuevas empresas, lo que ofrece poco incentivo al inversionista privado.

 

De ahí que las necesarias transformaciones institucionales tienen que ir mucho mas allá que las simplemente políticas. Se imponen reformas tributarias y organizativas de conjunto con la del servicio civil, la mejora policial, y la innovación de todo el sistema judicial.

 

El Estado democrático seguirá arrastrando su fragilidad si no desarrolla cuerpos de inteligencia y contrainteligencia de altas cualidades técnicas y humanas, equiparados con los tradicionalmente conocidos de prestigio internacional, que le permitan enfrentar y prevenir los nuevos retos a la seguridad nacional, regional y hemisférica.

 

La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico.

 

Hace ya mucho tiempo que el narcotráfico dejó de ser un tema local para convertirse en un problema global. Si hace treinta o cuarenta años parecía tema que en nuestro continente afectaba básicamente a Colombia, Perú y Bolivia como productores, en nuestros días afecta a toda la región, sea como productores, consumidores, o eslabones de tránsito de las drogas hacia los grandes mercados de América del Norte y Europa.

 

El narcotráfico es una amenaza colosal para la seguridad nacional de todas las naciones del continente: no solamente afecta el funcionamiento normal de la nación, sino que mina y debilita las bases morales de la sociedad, y facilita la violencia y la corrupción en gran escala a lo largo y ancho del país.

 

Simultáneamente, el cáncer del narcotráfico se vincula al del tráfico humano (entrada ilegal a Estados Unidos o a Europa) y al tráfico de armas, básicamente desde Estados Unidos hacia los países que se encuentran más allá de su frontera sur (suministro de armamento sofisticado al servicio del narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas). Y este tráfico de armas al que hacemos referencia tiene que ver con el tráfico ilegal, no con la carrera armamentista que abiertamente se desarrolla en América Latina desde hace ya muchos años, donde Venezuela, Brasil, Argentina, Perú y Chile juegan cada vez más un papel fundamental, ya sea como productores, consumidores, o ambas cosas a la vez.

 

De ahí puede colegirse la correlación con los niveles de violencia, y la tentación de un populismo que promete lo imposible: asegurar los derechos básicos del individuo. Ante un Estado enclenque en recursos, cualquier autoridad elegida dispone de una limitada capacidad para eliminar la inseguridad ciudadana ante le criminalidad organizada.

 

Es escalofriante la tasa de homicidios al sur del Río Bravo (27.5 x 100,000), tres veces más alta que la mundial, pereciendo en este decenio, victimas del crimen organizado, alrededor de 1.3 millones de personas. También, el 50% de los secuestros del planeta ocurren en América Latina. En México, la mitad de los homicidios corresponden al narcotráfico; en el norte de ese país campean las pandillas juveniles, las Mara, y lo mismo sucede en Centroamérica, donde las autoridades locales no tienen los recursos suficientes para encarar esta descontrolada violencia social.

 

El crimen organizado se ha engarzado al narcotráfico, en un negocio que genera miles de millones de dólares anuales, generalizándose los cultivos ilegales de marihuana y la producción de cocaína (primeros productores del mundo), y experimentando ya en gran escala con las drogas opiáceas y sintéticas. Es necesario apuntar que el inicio de la narco-guerrilla fue propulsado por Fidel Castro con las FARC de Tirofijo y el M-13 de Jaime Bateman Cayon, aunque La Habana posteriormente prefirió apoyar a otros grupos armados colombianos, como el ELN y el M-19, ante el rechazo y hostilidad de Tirofijo a Che Guevara.

 

El crimen organizado y el narcotráfico no solo ha gestado conflictos armados en Colombia y Perú, minando con su corrupción las instituciones policiales, militares, judiciales y políticas, sino también ha implicado un impacto económico negativo al ahuyentar las inversiones internacionales, deteriorando las demografías al cobrar sus victimas en individuos jóvenes.

 

Naciones pequeñas y sin demasiados recursos, como Jamaica, Haití, Belice, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Honduras y Guatemala, y otras mayores y con más recursos, como Venezuela, Argentina, Brasil y México, juegan un papel fundamental en el escenario del narcotráfico, al actuar como importantes mercados consumidores o haberse convertido en caminos y corredores de la droga en su ruta hacia Estados Unidos y Europa, ya sea a través de México -que es la puerta de entrada principal a Estados Unidos- o directamente, con el consiguiente incremento de la violencia y el delito en sus territorios.

 

México en estos tiempos resulta simultáneamente un mercado consumidor y la puerta de entrada directa al gran mercado norteamericano de las drogas. Los intentos del gobierno mexicano por desarrollar la guerra al narcotráfico se han visto impedidos y saboteados por el extraordinario nivel de corrupción que corroe a las estructuras del poder mexicano a lo largo y ancho del país, desde la cúpula hasta la base: el abundante dinero perverso del narcotráfico ha logrado poco a poco comprar funcionarios, agentes antinarcóticos, oficiales policíacos, investigadores, militares, periodistas, especialistas, y líderes políticos a todos los niveles, y con el tiempo han ido constituyendo una extensa y espesa red de delincuentes casi impenetrable, que garantiza la impunidad de los barones de la droga y los “capos” de los carteles mexicanos, y el funcionamiento abierto y descarado de los sicarios que, mediante el terror, imponen la ley del narcotráfico a la nación.

 

El enfoque falso y falseado por parte del gobierno mexicano y, en menor escala, por algunos gobiernos de otros países productores, al pretender culpar a Estados Unidos y las naciones europeas por el incremento del narcotráfico, por ser los principales mercados consumidores, aunque hace referencia a una realidad indiscutible, pretende escamotear el asunto fundamental, porque independientemente del consumo norteamericano y europeo, los países productores o los que actúan como corredores de la droga hacia Estados Unidos y Europa no pueden desentenderse tranquilamente de sus responsabilidades en este asunto.

 

En América Latina, los cultivos básicos para la producción de la droga se realizan en Colombia, Perú y Bolivia, fundamentalmente. Por unas razones u otras, que no vamos a analizar en estos momentos por salirse del contexto de este razonamiento, los gobiernos de esos países han sido incapaces de eliminar definitivamente tales cultivos siniestros, y aunque en determinados momentos hayan avanzado más o menos en su erradicación, esa producción se ha mantenido como realidad incuestionable durante décadas y décadas.

 

Sin entrar en el juego de qué vino primero, si el huevo o la gallina, se puede argumentar fácilmente que sin la producción y elaboración de los narcóticos en Colombia, Perú y Bolivia, no existirían los corredores de la droga en México, América Central, Venezuela, Paraguay, y las islas del Caribe, y el consumo se reduciría sensiblemente en las naciones más desarrolladas.

 

Naturalmente, de ser así, el mercado de consumo forzaría la creación de la oferta por parte de otros productores, en Asía o África, por ejemplo, como es el caso, pero eso no puede eximir a los países productores y los canales de tránsito latinoamericanos de las responsabilidades que le corresponden en este fenómeno, y que afectan estratégicamente su seguridad nacional.

 

No puede olvidarse que, por las mismas rutas y caminos del narcotráfico, en América Latina se mueve también el tráfico humano, llevando hacia Estados Unidos, a través de América Central y México fundamentalmente, a personas que pretenden entrar en Estados Unidos sin documentos legales para hacerlo, es decir, “indocumentados”.

 

La parte fundamental de los indocumentados que ingresan en Estados Unidos cada año por la frontera sur proviene de México y Cuba. Cuando el régimen cubano acusa a la “asesina Ley de Ajuste Cubano” de ser la causante de problemas y muertes a los cubanos, al garantizar la residencia legal tras un año y un día a los ciudadanos cubanos que logran entrar al territorio norteamericano, está actuando de la misma manera sinuosa que el gobierno mexicano cuando acusa al consumo de drogas en Estados Unidos como responsable de la violencia en territorio mexicano.

 

Si no existiera en Cuba un régimen totalitario y dictatorial no tendría que existir una “Ley de Ajuste Cubano”, que otorga privilegios a los ciudadanos de esa nación de los que no disfruta más ninguna otra población en el mundo, pues en más ningún país latinoamericano o del Caribe existe un régimen comunista reprimiendo abiertamente a sus ciudadanos. De la misma manera, si en México no hubiera un mercado nacional del consumo de drogas, ni el país fuera un corredor ideal para la marcha del narcotráfico hacia Estados Unidos, que a su vez se vincula a las rutas de la emigración ilegal hacia el norte, ni la corrupción hubiera carcomido todos los niveles de la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo, no existiría en el país tanta violencia descontrolada ni tantos asesinatos a mansalva como, lamentablemente, sucede en los últimos años, sin que haya señales de que podrá disminuir en algún momento inmediato.

 

Esa mismas rutas del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos funcionan en sentido inverso para el tráfico ilegal de armas hacia América Latina, y ahora no estamos hablando de pistolas, revólveres o escopetas de caza, sino de granadas de mano, ametralladoras, minas antipersonales y anti-vehículos, explosivos, municiones de diferente tipo, lanzacohetes, equipos de comunicaciones y chalecos antibalas, entre otros sofisticados suministros.

 

Con la misma lógica que utiliza el gobierno mexicano al acusar al norteamericano por ser el mercado fundamental de consumo de drogas, el gobierno de Estados Unidos podría pretender culpar a México y varias naciones centroamericanas por este comercio criminal y malsano, pues esos vecinos del sur, -fundamentalmente México, por su extensión geográfica y el volumen de su población comparada con las pequeñas naciones de América Central- vienen a ser en estos momentos el mercado principal de consumo del armamento sofisticado proveniente de Estados Unidos, que se utiliza para establecer la violencia y la ley de la selva en territorio mexicano y centroamericano, donde las decapitaciones, secuestros, y asesinatos a mansalva, así como la actividad criminal de las pandillas, se han convertido en el pan nuestro de cada día.

 

Sin embargo, más que pretender culpar a otro por sus males propios -costumbre tan bien establecida y arraigada en América Latina que resulta prácticamente un deporte nacional, al mismo nivel que el “antiimperialismo”- Estados Unidos trata de enfrentar el problema del tráfico ilegal de armas como corresponde, pretendiendo dificultar e interrumpir el flujo de armas hacia más allá de su frontera sur, a la vez que busca colaborar con el gobierno mexicano y los centroamericanos para cerrar el cerco y liquidar a los traficantes de armas en ambas partes de la frontera.

 

La situación ha llegado a niveles tales que en Costa Rica, el 40 % de la población ha planteado que se permitan los linchamientos a los delincuentes, algo que se ha estado haciendo en silencio en Guatemala.

 

Otra cosa que espera urgente solución es la reforma y la modernización de los servicios policiales, de contra-inteligencia y de inteligencia. En la actualidad se cuenta con cuerpos esqueléticos, poco profesionales, con falta de tecnología y metodologías modernas, con sistemas de información precarios. A ello debe sumarse la falta de efectividad de los procesos judiciales.

 

No es solo la contra-violencia o la represión policial a vasta escala lo que garantiza la eliminación de raíz de tales problemas. En Honduras, el país con más altos índices de homicidios en el planeta (56 x 100,000 habitantes) ello se ha demostrado. En El Salvador, los planes de “Mano Dura” desatados por el gobierno en 2003, y luego los de “Súper Mano Dura”, si bien llegaron a controlar a niveles promedio la violencia, no impidieron sin embargo que la misma resurgiera con más fuerza años después. Si la “mano dura” no va acompañada de planes sociales, educativos, de prevención social, de eliminación de los bolsones de miseria, de posibilitar el acceso general a los derechos sociales, el esfuerzo está llamado al fracaso.

 

Ya es notable la inseguridad de los Estados cuya autoridad se halla comprometida ante la incompetencia para combatir la delincuencia, debido a lo endeble de los aparatos policiales, de inteligencia y de contrainteligencia, y su invalidez por hacer valer sus aparatos judiciales y la legalidad. Lo que en definitiva plantea un problema de seguridad nacional, pues propicia y justifica el retroceso al autoritarismo, tanto de izquierda como de derecha. En Colombia ello obligó a la intervención de las fuerzas armadas, algo que se manejó también en México, con el peligro que siempre conlleva la extra-limitación de las funciones militares.

 

La inhabilidad en Latinoamérica para conformar una respuesta multidimensional al narcotráfico, de considerarlo en la agenda prioritaria de seguridad regional y hemisférica, de una diplomacia que exceda las jurisdicciones nacionales, de integrar y calificar los cuerpos policiales y de inteligencia de los respectivos países, ha llevado al fiasco de las políticas de erradicación de los cultivos y la interdicción, y a la inefectividad de la cacareada Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

 

La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico atentan no sólo contra el modelo de democracia y las libertades individuales sino que incluso ponen en tela de juicio la propia existencia del Estado como una estructura social necesaria para la colectividad, pues resulta incapaz de asegurar su razón de existencia, la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La libertad no es sólo una función de la seguridad, sino que determina el grado de democracia.

 

En todos estos fenómenos, que afectan sensiblemente la seguridad nacional de cada uno de los países de América Latina y el Caribe, así como del continente en su conjunto, no puede olvidarse en ningún momento el papel real y potencial del régimen cubano en su condición de amenaza específica para la seguridad nacional de todas y cada una de las naciones del hemisferio.

 

Las rutas del narcotráfico en América Latina se fundieron desde los años sesenta del siglo pasado con las rutas de la insurgencia y la guerrilla, transitadas por la Dirección General de Inteligencia, como se llamaba entonces, y el Departamento América. Es el mismo Che Guevara quien cuenta en el diario de su fracasada campaña en Bolivia que, cuando están creando las condiciones para establecer la base guerrillera en la nación andina, que le hacen creer a los merodeadores que se trata de actividades de narcotráfico, para que no haya sospechas de actividad guerrillera e insurgencia.

 

El narcotráfico y la delincuencia rural siempre financiaron la insurgencia en Colombia, y no fueron ajenos a los movimientos armados en Perú y Bolivia, ni a los intentos más limitados en Paraguay.

 

En la década de los ochenta el régimen de La Habana vio en el auge del narcotráfico en América Latina una posibilidad excelente de “golpear al enemigo imperialista” en su mismo corazón, inundándolo con drogas, a la vez que podía obtener mucho dinero relativamente fácil.

 

Fue así que los aparatos de seguridad del régimen cubano se pusieron abiertamente en función del narcotráfico, no solamente otorgando cobertura operativa a la actividad sino facilitando las operaciones y negociando con los capos. Es sabido que aviones con droga colombiana sobrevolaban abiertamente la Isla y descargaba su mercancía en las aguas del norte de Cuba, donde era inmediatamente recogida y mantenida a buen recaudo por las autoridades cubanas, hasta que “lancheros” procedentes de Estados Unidos iban a la Isla a recoger la mercancía, a la vez que podían transportar al país productos prohibidos por el embargo norteamericano, y todo podría recibir la cobertura de estarse haciendo para  “romper el bloqueo imperialista”.

 

Se sabe que funcionarios cubanos fueron enviados a Colombia a reunirse con el célebre Pablo Escobar y otros barones de la droga, que invariablemente solicitaban a los cubanos armamento sofisticado y protección para sus operaciones, ofreciendo a cambio pagar de manera muy generosa y al contado por tales servicios.

 

Cuando las fuerzas antinarcóticos de Estados Unidos detectaron las actividades del régimen cubano vinculadas al narcotráfico, y estaban en condiciones de denunciarlas públicamente y documentarlas con evidencias, Fidel Castro, para desentenderse de toda responsabilidad en este asunto, se inventó precipitadamente las Causas #1 y #2 de 1989, farsas jurídicas escandalosas que terminaron con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y tres oficiales más, condenas a largas penas de cárcel del Ministro del Interior y decenas de oficiales más, y la implantación del control absoluto de las fuerzas armadas sobre los aparatos de seguridad y prácticamente todo el Ministerio del Interior cubano. Para la propaganda oficial del régimen, este circo jurídico representó “el fin de la conexión cubana” en el tema del tráfico de drogas en el continente.

 

Las rutas del narcotráfico y el tráfico humano y de armamentos han sido utilizadas por el régimen cubano para la infiltración de espías en Estados Unidos y los países de América Latina; para el seguro “regreso a casa” de espías, prófugos de la justicia de Estados Unidos que han recibido o reciben protección en Cuba; para que puedan llegar a la Isla guerrilleros e insurgentes latinoamericanos que buscan en La Habana cuidados médicos, entrenamiento, recursos, o simplemente descanso; para estafadores al Medicare en Estados Unidos que procuran refugio -premeditado o improvisado- en La Habana; para hacer llegar armas, municiones, explosivos y pertrechos de combate a diversos grupos guerrilleros y organizaciones subversivas en el continente; para colocar agentes cubanos “ilegales” en distintos países de América Latina y el Caribe.

 

En todos los casos, son acciones del gobierno cubano que conspiran contra la seguridad nacional de los diferentes países del continente y ponen en peligro la estabilidad de las democracias en el hemisferio.

 

La política y la sociedad civil

 

La notable lección del siglo XX es que las libertades prescriben el desarrollo económico, y que ellas permiten alcanzar una mejor calidad de vida individual. Los “socialistas”, los “liberales”, los populistas, no tienen el monopolio del mejoramiento social y popular, ni el modelo conservador es indolente ante la situación económica y social de sus gobernados. No es cierto que a “la derecha” no le interese la salud pública o la educación de las personas en los países donde gobierna. Ni es cierto que “la izquierda” ame tanto a sus ciudadanos que ofrezca salud pública y educación a toda costa, por encima de todo lo demás. Se trata de actitudes de responsabilidad ante los recursos disponibles por parte del Estado, y de actuar sin demagogia. Tal demagogia, y la propaganda ultra-izquierdista, han ido dando forma a una falacia conformada por el pesimismo intelectual europeo.

 

En este neo-estatismo, que en los últimos años se pretende extender a todo el continente bajo el confuso manto del “bolivarianismo”, el Estado asume funciones impropias, mientras desatiende las concernientes a las del derecho individual de sus ciudadanos. Asimismo, suplanta con su monopolio y sus regulaciones el papel y las funciones de las empresas privadas, restringiendo la competencia del mercado. Este populismo camina indefectiblemente hacia el socialismo marxista cubano o cualquier aberración parecida, como la “ley de costos y precios justos” venezolana, las arbitrariedades contra la prensa libre ecuatoriana, o las pretensiones de imposición sobre el poder judicial en Bolivia.

 

El chileno Federico Chiriboga expresaba en el diario El Comercio, en enero de 2010, que los gobiernos latinoamericanos habían devenido en “corruptos al servicio de oligarquías criollas”, y que se había devenido en no-republicas, o republicas formales con normas constitucionales que agotaban su contenido en el papel, y que se basaban en el imperio de los hombres, no en el de la ley.

 

El continente arrastra viejos problemas. La democracia latinoamericana aún ronda los bordes del abismo. La debilidad del poder político, de la democracia política, está plagada de clientelismo, y sufre una enorme falta de conciencia de institucionalizarse. Por ello la expresión de Guillermo O’Donnell, al calificarlas de “democracias de baja intensidad

 

La población de todos los países muestra una notable desconfianza hacia los partidos políticos (acaso con la excepción de los uruguayos); es notoria la democracia sin partidos de Guatemala, el raquitismo de los mismos en Perú, e incluso en Colombia. Como ha expresado el profesor costarricense Kevin Casas:

 

El desvanecimiento de la representatividad de los partidos está relacionado con la aparición de nuevos canales de participación política desde las organizaciones de la sociedad civil”.

 

América Latina fue la única región del planeta que no creció económicamente en las tres últimas décadas del siglo XX -con la excepción de Chile, que duplicó su economía-, y que aún se halla rezagada en ese vital renglón. Y llama la atención, pues precisamente es en esa época cuando se producen los cambios democráticos en Ecuador, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Algunos lo han calificado como una expansión de la “ciudadanía política” sin la correspondiente expansión de la “ciudadanía económica”.

 

La razón estriba en las tremendas debilidades estructurales de sus democracias, las crisis de representación, la impunidad de la corrupción política y burocrática y las limitaciones en los recursos fiscales del Estado y sus entidades locales. Es lastimoso el caso de Haití, que sin las tropas de la ONU no podría mantener el orden y la seguridad, ni las funciones gubernamentales. Ha sido también su falta de reconocimiento de un nuevo escenario internacional tras la Guerra Fría, en el cual los derechos de género, de raza, de etnias, del medioambiente y demás ocuparon planos de igualdad al de las partidocracias.

 

De ahí la propensión a las protestas violentas y las desafecciones políticas en todo el continente; de ahí la enorme emigración hacia los Estados Unidos. De ahí los iluminados de mano dura y los demagogos que buscan su prolongación en el poder modificando las constituciones a su favor mediante referendos y plebiscitos (muy de moda ahora), no importa la orilla política a la que pertenezcan, como se ejemplifica en casos tan dispares como Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia por un lado, y Brasil, Argentina, Colombia y República Dominicana por el otro.

 

De ahí el retorno del liderazgo carismático, el menosprecio institucional de la nueva ola social-marxista, la reversión de la democracia en el talante autoritario de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua; el fortalecimiento de las relaciones clientelares; los gobiernos de izquierda en Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff; en Argentina con la familia Kirchner; en Venezuela con Hugo Chávez, en Ecuador con Rafael Correa, en Paraguay con Fernando Lugo, en Bolivia con Evo Morales, en Uruguay con Tabaré Vázquez y “Pepe” Mujica, en Nicaragua con Daniel Ortega, y el abortado de Manuel Zelaya en Honduras.

 

Y es que nos hallamos ante dos visiones, dos consideraciones ideológicas contrapuestas. Por un lado, la izquierda marxistoide promotora del “socialismo del siglo XXI” hostil a la globalización, a las alianzas contra el terrorismo, a la economía de mercado pura y dura que promueve la mano del Estado en la economía. Y de otra parte, el paradigma de la democracia liberal, del Estado de derecho y de la globalización. En Chile existe un gobierno liberal con enfoque social, un tipo de “economía social de mercado” estilo al de los nórdicos, al que en estos momentos la izquierda, a través de los movimientos estudiantiles que controla profundamente, le está creando innumerables dificultades a la vez que cuestiona su eficacia.

 

La visión del “socialismo del siglo XXI” y de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, elaborada en Caracas y La Habana, ha sido abrazada abiertamente por  Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y solapadamente por Paraguay y Argentina… y descansa en la potencia política expansiva de la renta petrolera venezolana, que también influye en varias islas caribeñas, que aceptan gustosas los petrodólares y el petróleo venezolano subsidiado, aunque no se alinean políticamente de manera abierta con los “redentores” del movimiento bolivariano.

 

Y todo ello en momentos que la América Latina no figura entre las prioridades de Estados Unidos, ya desde hace un par de décadas, a la vez que los países de la región han decidido conformar sus políticas con independencia de las de los Estados Unidos.

 

Prueba de ello será la próxima constitución en Caracas de la llamada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), institución continental que La Habana define como “el primer”organismo donde no estarán específicamente ni Estados Unidos y Canadá, y váyase a saber por qué y para qué excluir a dos naciones eminentemente e innegablemente americanas de un organismo continental supuestamente creado para la cooperación y la colaboración entre países, y no para el enfrentamiento. 

 

Como dijimos anteriormente, ese espíritu anti-norteamericano, anti-estadounidense, disfrazado con una supuesta doctrina que proclamaron Simón Bolívar y José Martí, forma parte del deporte nacional latinoamericano.

 

No hay que sorprenderse, entonces, de que mientras Estados Unidos y Canadá son dos de las más prósperas naciones del planeta, América Latina y el Caribe sigan plagados de dificultades, problemas, pobreza estructural, corrupción, caudillismo, y tantas tragedias más, y que su seguridad nacional, por países y como continente, sea cada vez más precaria.

 

(continuará)