Cubanálisis El Think-Tank

           ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

         Eugenio Yáñez y Juan Benemelis

 

 

 

   

 

 

                               

                                                                                                                                                            

 

EL CASTRISMO Y LA VULNERABLE DEMOCRACIA LATINOAMERICANA ( I )

 

Uno de los aspectos que se muestran con mayor orgullo en cualquier balance contemporáneo de América Latina y el Caribe es la existencia de un gigantesco arco democrático que se extiende desde México hasta Argentina y Chile, cubriendo también a todas las islas del Caribe, con la única y bochornosa excepción de la Cuba castrista, donde hace más de medio siglo impera un régimen totalitario.

 

Sin embargo, eso mismo que resulta motivo indiscutible de sano orgullo para todo el hemisferio, está basado en fundamentos y cimientos para nada sólidos, tremendamente vulnerables, y que podrían revertirse en cualquier momento si se dieran las condiciones propicias para ello. Porque las democracias en América Latina y el Caribe, a diferencia de las realidades de América del Norte y Europa, resultan endebles, no se basan en un verdadero Estado de derecho, y sufren de innumerables males y tropiezos que pueden dar al traste con todo lo logrado en poco tiempo, pasando de democracias representativas a democracias “participativas” o “bolivarianas”, como estuvo a punto de suceder en Honduras hace poco, y como no puede descartarse que suceda en otras naciones donde el populismo sienta raíces junto a la corrupción y la indolencia de las élites.

 

En las “democracias” de América Latina no se cumple la regla de oro del barón de Montesquieu, aquella del balance entre los tres poderes de la democracia: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Las repúblicas que nacieron del hecho descolonizador en el continente, allá por el siglo XIX, tuvieron como punto común el desbalance entre los tres poderes. En ellas, el poder ejecutivo, con un “presidente fuerte”, se fue por encima de las legislaturas y del entramado judicial. Así, desde la silla presidencial se gestaban caudillos o iluminados que regían estas repúblicas cual si fueran granjerías de ultramar.

 

Las pretensiones de las cámaras legislativas se resolvían cuando la guardia presidencial entraba a caballo en tales recintos y desalojaba a los “pretensiosos abogaditos”. Ni que decir de la estructura judicial; era suficiente un papelito ajado proveniente de la “Casa presidencial” con una “recomendación” de aprobación o desaprobación, para que el viril entogado cambiase su sentencia, tras lo cual vendría un jugoso chequecito.

 

No fue sin razón que el cubano Martín Morúa Delgado, ponente de la Constituyente de 1901, abogase por que se adoptase un régimen parlamentario como la única manera de poner coto al sobre-poder ejecutivo estilo latinoamericano, que empollaba dictadores. Morúa fue desoído, y la historia republicana cubana estuvo entonces colmada de dictadores y caudillos.

 

¿Y qué decir de tales democracias latinoamericanas ya en el siglo XX? Pues, nada cambió. Ni siquiera les concedieron espacio a lo que en otras latitudes constituía la innovación, el de un nuevo actor en el balance de fuerzas democráticas, el nuevo Cuarto Poder de la prensa. Mientras en Euro-América del Norte la prensa se transformaba en factor de modernización del modelo, al sur del río Bravo, simplemente estaban consignados en las nóminas de los buróes de prensa de las respectivas casas presidenciales.

 

¿Y en el siglo XXI? A su vez, nada cambió. No ya la reconsideración de modernizarse concediendo legitimidad al Cuarto Poder, la prensa; ahora sería esquivada la conformación de un nuevo poder en las democracias, para ajustar aún más la balanza, el de la Sociedad Civil como Quinto Poder. La realidad resulta la presencia de democracias con esquemas decimonónicos, de presidencias fuertes, partidos políticos como meras agrupaciones clientelares, y cuarteles prestos a intervenir en la vida civil. Repúblicas en las cuales no se concibe la libertad de expresión como un factor de balance, a través de la prensa como cuarto poder, y no se reconocen los reclamos de los grupos de intereses en la sociedad civil, como quinto poder.

 

Ello explica que Fidel Castro desmantelase en menos de una semana los poderes ejecutivos y legislativos, que un teniente-coronel venezolano, desde la presencia, pueda prolongar su estancia de manera infinita, que se disuelvan a capricho cámaras y senados en el continente sur, y que la manera más rápida de lograr riqueza personal sea ocupando un curul judicial.

 

Si durante un tiempo el peligro era que el “modelo cubano” se impusiera por la fuerza en las naciones latinoamericanas -como sucedió en Nicaragua en 1979 y estuvo a punto de suceder en Chile en 1973 o en Grenada en los años ochenta-, en la actualidad esa influencia puede muy bien establecerse mediante una “reforma constitucional” desde el poder, que abra el paso a un modelo de corte “bolivariano”, donde los capitales del gobierno venezolano y la “asesoría” desde La Habana conformen un gobierno “antiimperialista” y “progresista” contrario a los intereses de Estados Unidos y favorable al eje La Habana-Caracas.

 

Uno de los aspectos menos considerados a la hora de analizar cuáles son las debilidades de la democracia contemporánea en América Latina es el concerniente a la seguridad continental, que a su vez se relaciona estrechamente con la seguridad nacional en cada uno de los países que componen el continente, aunque la seguridad continental representa mucho más que la suma de la seguridad nacional de cada país del Hemisferio.

 

Tal debilidad tuvo un pasaje reprobable durante la égida del Tercer Reich germano, cuando Argentina, Chile y Bolivia se alinearon por vocación a un modelo donde el ejecutivo, en manos de un profeta por elección propia (Hitler-Perón), llegaba con facilidad al hecho totalitario. En suma, no resultaba muy lejano dar el paso desde una democracia deformada a un ejecutivo ultra-hegemónico.

 

Aquí vale recordar las lecciones de democracia que están brindando las islas-repúblicas del Caribe, en las cuales (producto del modelo democrático anglo-sajón) las democracias funcionan mejor que en sus pares de ascendientes ibericos. En el Caribe anglo-francófono funciona el balance entre los tres poderes y, además, la prensa ha ocupado su espacio como cuarto poder. De ahí la poca presencia de caudillos, la preeminencia de maquinarias partidistas, y la subordinación de los ejércitos al entramado civil.

 

La seguridad nacional a la sombra de la Guerra Fría

 

La seguridad nacional hace mucho que ha dejado de ser un aspecto restringido a los ejércitos, para convertirse en tema de importancia estratégica para cada país, y tal matiz tradicional ha sufrido cambios fundamentales con los años.

 

Ya quedaron atrás los tiempos en que bastaba que cada nación contribuyera con lo que le correspondía a la seguridad global del “mundo libre” en general, independientemente de cómo se desarrollaran las cosas en los ámbitos nacional, regional o local. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947 para la defensa común en caso de agresiones extra-continentales, estaba diseñado para garantizar la seguridad del continente americano frente a la “amenaza roja” de la expansión soviética en el mundo.

 

Ese tratado era la versión latinoamericana de una estrategia global de Estados Unidos, empeñado en una política de “contención”, que pretendía cercar a la Unión Soviética con bases militares y tratados de defensa mutua con países aliados, y que llevaría a la creación de diferentes bloques militares en todo el mundo, como la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el Pacto de Bagdad, posteriormente convertido en CENTO (Organización del Tratado Central), la OTASO (Organización del Tratado de Asia Sur Oriental) y la ANZUS (Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos).

 

En comparación con esa primera línea del enfrentamiento con el expansionismo soviético, que se extendía desde Berlín a Hanoi, el traspatio latinoamericano de Estados Unidos era un remanso paradisíaco, donde no sucedía nada -o casi nada- peligroso. El punto más estratégico de todo el continente americano para Estados Unidos, el Canal de Panamá, se mantenía relativamente tranquilo dentro de la llamada “Zona del Canal”, bajo control del Comando Sur estadounidense, y aunque los sentimientos de “antiimperialismo” -en cierto sentido el deporte nacional de América Latina- siempre estuvieron presentes en el continente -basta recordar las visitas de Dwight Eisenhower y Richard Nixon a Latinoamérica, o las protestas panameñas por la soberanía del Canal- nunca fueron más allá del folklore, la nota periodística bullanguera, y la condescendencia democrática estadounidense hacia los indígenas del traspatio.

 

En ese mundo casi surrealista del realismo mágico descrito por García Márquez y Alejo Carpentier, “el Caribe” no tenía nada que ver con “América Latina”, Haití era una excepción de tipo étnico-folklórica, y aunque Brasil era reconocido como parte del territorio continental -era imposible negarlo-, siempre se veía como algo extraño y exótico, con un idioma diferente, fabulosos carnavales, y un fenómeno del fútbol llamado Pelé, pero como nación no acaba de imbricarse estrechamente en la problemática política regional de la “América inmortal”.

 

Los caudillos existentes con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, aunque lo fueran desde antes, civiles o militares, y hubieran llegado al poder mediante elecciones o por la fuerza, como Juan Domingo Perón, Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza, Alfredo Stroessner, Gustavo Rojas Pinilla, François Duvalier, Marcos Pérez Jiménez, Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas, Víctor Paz Estenssoro, Manuel Odría, o Jacobo Arbenz, tal vez quitaran algo del sueño a la United Fruit Company, la dinastía de los Patiño, oligarcas centroamericanos o determinados burócratas del State Department, pero no eran cabezas de playa del comunismo en América Latina, ni mucho menos. Y casi todos esos caudillos, para los Estados Unidos, aunque no lo pudieran decir en público, podrían ser unos hijos de puta, pero siempre eran y serían “sus hijos de puta”.

 

En este contexto, problemas “locales” entre los “indígenas” latinoamericanos, algunos de los cuales se arrastraban desde el siglo XIX, no preocupaban demasiado a Estados Unidos, ni merecían que se les prestara demasiada atención desde Washington. Así pervivieron durante muchos años, y perviven todavía, entre otros, conflictos fronterizos, étnicos, raciales, económicos, medioambientales, o de otra índole, entre Argentina y Chile; Paraguay y Bolivia; Argentina y Uruguay; Brasil y Paraguay; Bolivia, Chile y Perú; Colombia y Nicaragua; Bolivia y Brasil; Perú y Ecuador; Venezuela y Guyana; Brasil y Perú; Honduras y El Salvador; Haití y República Dominicana; Nicaragua y Costa Rica.

 

De manera que, con la seguridad nacional entendida como algo absolutamente garantizado por Estados Unidos, dado de antemano y sin complicaciones, en cierto sentido como las frutas en el paraíso bíblico, en América Latina se le veía como la lluvia o los cambios de estaciones, como algo natural y eterno, de lo que no había que preocuparse demasiado.

 

Como tradición continental, ni la seguridad nacional en América Latina ni la geopolítica resultaban temas de interés para las ciencias sociales, ni siquiera un asunto demasiado relevante de la política nacional, sino que en demasiadas ocasiones se resumían a ciertas consideraciones fronterizas y a las medidas necesarias para el sostenimiento del gobierno de turno. Producto de esa concepción, no por errada menos extendida, esos temas casi siempre caían en el ámbito de la policía política o de los servicios de inteligencia militar, siempre dentro de las instituciones militares o de orden interior.

 

Ni los presidentes ni los ministros o parlamentarios concedían demasiada atención al tema de la seguridad nacional, que a fin de cuentas se veía como asunto que dependía de Estados Unidos. No fue hasta el surgimiento y recrudecimiento de la Guerra Fría, con la definición del balance atómico URSS-EEUU, y la cruenta lucha por prevalecer globalmente, que el concepto de seguridad nacional cobró un nuevo significado.

 

El factor cubano y los retos a la seguridad nacional en América Latina

 

En el continente americano dos fuerzas ciclónicas determinaron la asunción por las élites gobernantes de una consideración más profunda y detallada de la seguridad nacional después de la Segunda Guerra Mundial.

 

Una de esas fuerzas fue la política exterior castrista, donde la promoción del foco guerrillero y la subversión formaban parte de una estrategia continental claramente definida, producto de la “patente de corso” lograda por el régimen cubano tras los acuerdos Kennedy-Jrushov y el compromiso norteamericano de no invadir Cuba en la medida que no se emplazaran en la Isla armas atómicas.

 

Cuba, que venía de haber emplazado misiles nucleares en su territorio y haber solicitado a los soviéticos, en palabras del Comandante en Jefe, un golpe nuclear “preventivo” contra Estados Unidos, comenzó a desarrollar después de la crisis de los misiles una estrategia subversiva global en toda América Latina y el Caribe, siendo el único país del continente que desde 1963 ya contaba con una estrategia política general hacia todo el territorio, cuando, como contrapartida, no ya el resto de los países del continente, sino incluso Estados Unidos, no tenía -ni tiene todavía- una política latinoamericana global perfectamente definida.

 

Así, tras la Crisis de los Misiles en octubre de 1962, el continente se encontró en una situación donde el peligro inmediato a su seguridad ya no provenía de instalaciones balísticas de mediano alcance o intercontinentales, ni de unidades acorazadas soviéticas que desembarcarían por aire o por mar en territorio de las repúblicas latinoamericanas, sino de la llegada subrepticia de “compañeros” cubanos que acompañaban a nacionales latinoamericanos cuidadosamente entrenados en Cuba para llevar a cabo “la revolución” en sus respectivos países o a escala continental, y que tras rigurosos entrenamientos dominaban las artes de instalación de explosivos y minas, demolición y sabotajes, arme y desarme de armamento, técnicas de seguimiento y control, comunicaciones clandestinas, falsificación de documentos, cartografía y croquis, reclutamiento de agentes y colaboradores, financiamiento y obtención de recursos monetarios, agitación y propaganda, armamento y suministros, emboscadas y atentados, extorsión y chantajes. En pocas palabras, “especialidades revolucionarias” que los diferentes ejércitos latinoamericanos tradicionales no estaban acostumbrados ni preparados para enfrentar y combatir.

 

La segunda fuerza decisiva, además de la subversión y la insurgencia cubanas, para que las élites gobernantes latinoamericanas se vincularan más directamente con los temas de seguridad nacional fue la definición de seguridad continental desarrollada por Estados Unidos y, por lo tanto, impuesta directa y no demasiado elegantemente a sus aliados continentales, pero siempre de manera reactiva, tratando de contrarrestar la ofensiva soviética, y todavía mirando más hacia Moscú que hacia La Habana, como parte del balance estratégico atómico global.

 

Aquella frase de tiempos de la administración Lyndon Johnson, de que por ninguna razón podría permitirse en ninguna circunstancia “otra Cuba” en el continente, no tenía nada que ver con las actividades guerrilleras o “revolucionarias” de La Habana, sino con la instalación de misiles nucleares en territorio de América Latina, apuntando contra Estados Unidos. Y ante tales riesgos y circunstancias, no era tan importante la opinión de los “aliados” latinoamericanos, como el hecho de que estuvieran dispuestos a sumarse al esfuerzo y contribuyeran a la consolidación de esa seguridad continental de acuerdo a los intereses y prioridades de Estados Unidos.

 

Así, por parte de Estados Unidos se precisaron sitios estratégicos como el Canal de Panamá y las rutas marítimas críticas, las fuentes petroleras y de ciertos minerales estratégicos, los vuelos de reconocimiento soviéticos y las rutas de sus submarinos en el territorio, así como la ubicación y necesidades de las bases militares norteamericanas; además, comenzaron a mirarse más de cerca aquellos regímenes que se balanceaban peligrosamente hacia una “izquierda” pro-comunista, o al menos que le facilitara las cosas a los soviéticos -en la percepción norteamericana sobre el tema- como posteriormente serían los gobiernos de los generales Juan Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá, Desi Bouterse en Surinam, o Juan José Torres en Bolivia.

 

Sin embargo, todavía en aquellas complejas circunstancias la consolidación de las democracias en América Latina, y los vínculos con Brasil y las islas-naciones del Caribe como unidad indisoluble para la seguridad hemisférica, no eran prioritarios para la política estadounidense hacia el continente en materia de seguridad, mientras que ya en La Habana se concebía el territorio latinoamericano como la unidad conceptual y funcional del espacio continental y las islas, y por consiguiente, objeto de atención priorizada y actividad por parte del Departamento América del Comité Central del Partido.

 

Al calor de esta nueva apreciación de la seguridad hemisférica por parte de Estados Unidos, los ejércitos latinoamericanos comenzaron a tomar cartas en el asunto y afrontaron el reto de los grupos subversivos, terroristas y guerrilleros a nivel de sus respectivos territorios, pero todavía sin un enfoque continental. Es decir, se pasó de la noción de pre-guerra, de una seguridad nacional abstracta e interna como asunto de cada país, a una seguridad de política exterior o externa, detallada, reglamentada, coordinada y determinada en el continente por el factor del comunismo y el balance atómico bi-polar. Sin embargo, todavía siempre de manera reactiva a las acciones estratégicas ofensivas concebidas en Moscú, Beijing o La Habana, y nunca de manera proactiva como definición conceptual y establecimiento inequívoco de las prioridades y los intereses de seguridad nacional del hemisferio.

 

Las nuevas realidades tras la debacle de la Unión Soviética

 

La caída del bloque soviético, el ascenso de China como potencia mundial, la unificación de Europa, el renacer del terrorismo fundamentalista islámico, las tendencias regionalistas, los movimientos autonómicos o independentistas, y la evolución del narcotráfico unido a la violencia, replantearon el concepto de seguridad nacional que venía desde la Guerra Fría, ahora aderezado con enormes cambios en el campo de las comunicaciones y los medios electrónicos de información.

 

Las grandes potencias euro-americanas, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, y Rusia, asumieron prontamente un nuevo significado de seguridad nacional, basado no solamente en sus propias fuerzas y recursos, sino además en la cooperación e inter-relación.

 

Pero en el caso de América Latina, que no pudo desarrollar durante la Guerra Fría su propio concepto de seguridad continental o nacional, se ha mantenido la vieja reflexión tradicional en manos de los aparatos militares y policiales, sin ver todavía mucho más allá de los problemas fronterizos inmediatos o los evidentes peligros de desestabilización de los gobiernos.

 

Ello quedó demostrado durante el conflicto de las islas Falkland o Malvinas en los años ochenta, en el cual, ante el choque de una nación latinoamericana con una potencia extra-continental como Inglaterra, Estados Unidos se alineó directamente al lado de “la pérfida Albión”, vinculado por una noción mutua y nueva de “relaciones especiales” y solidaridad entre potencias, y de conjunto actuaron contra Argentina y sus reclamos, con lo que el Tratado de Río de Janeiro de 1947 se convirtió en letra muerta a los efectos de la seguridad nacional de los países del continente, en este caso una Argentina militarmente enfrentada a una potencia europea por una reclamación territorial.

 

Quedó así evidenciado que América Latina carecía de una visión propia de seguridad continental, regional, e incluso individual, y que su seguridad colectiva hemisférica, al depender exclusivamente de la voluntad y los intereses de Estados Unidos, había sido distorsionada por la Guerra Fría.

 

Es por esa razón, entre otras, que las democracias en América Latina continúan mostrándose tan frágiles en la actualidad, como se ha evidenciado en los últimos tiempos en los casos venezolano, ecuatoriano, nicaragüense y boliviano, así como en las veleidades “bolivarianas” de la Honduras de Zelaya o la Argentina de los Kirchner, y en menor medida en el Paraguay de Lugo, así como en el regreso “democrático” a la escena de veteranos dictadores militares, supuestamente sobrepasados por los acontecimientos históricos, como fue el caso anteriormente de Hugo Bánzer en Bolivia, o lo es ahora el de Desi Bouterse en Surinam.

 

En la medida que cada país en particular no reconozca que contra su seguridad nacional atentan nuevas razones no contempladas en los esquemas anteriores, como el narco-tráfico, el terrorismo, el contrabando, la inestabilidad social y económica, la dependencia energética, la carrera armamentista, el tráfico humano, la corrupción y las farsas electorales, pero también los procesos de “integración” cargados de ideología e intereses políticos, como los del ALBA, o los procesos incontrolados y ajenos a la soberanía nacional de introducción masiva de “colaboración desinteresada” de cooperantes cubanos en todos los sectores de la vida nacional de una nación, en esa misma medida es que la democracia latinoamericana y caribeña no tiene un asidero sólido, y queda expuesta a su dislocación por figuras auto-elegidas, “reformas constitucionales” desde el poder, legislaturas sin fuerza, poderes ejecutivos predominantes, sistemas judiciales venales, carteles gangsteriles y narco-traficantes, carreras armamentistas desenfrenadas, alianzas dudosas con regímenes cuestionables, violencia social y guerrillas, foros de Sao Paulo y “movimientos de solidaridad” sin límites ni control.

 

Podríamos enumerar, de manera general, aquellos aspectos que resultan inesperados para las concepciones tradicionales, y que se presentan y son susceptibles de estudiarse en los programas de seguridad nacional en los países de América Latina y el Caribe, y que se definen ahora como de seguridad multi-nacional o multi-dimensional:

 

  • Tráfico de drogas
  • Terrorismo
  • Insurgencia
  • Inmigración ilegal
  • Lavado de dinero
  • Riesgos epidémicos
  • Derechos humanos
  • Discriminación étnica
  • Discriminación racial
  • Contrabando
  • Tráfico de armas
  • Tráfico humano
  • Corrupción
  • Militarismo
  • Carrera armamentista
  • Potencias emergentes
  • Dependencia energética
  • Seguridad alimentaria
  • Factores climáticos globales

 

América Latina necesita desarrollar con urgencia su propia conceptualización de seguridad regional, hemisférica y nacional, coordinada con Estados Unidos, pero independiente de las designaciones y pretensiones unilaterales norteamericanas, al ser una de las zonas más violentas del planeta, exhibir un sistema judicial incapaz de regular los poderes gubernamentales y hacer valer un verdadero Estado de derecho, disponer de ejércitos que tienen la voz cantante en cuanto a cuáles son los peligros domésticos y cuáles no, y cuerpos policiales locales nulos y corruptos que cada vez resultan menos eficientes ante las violaciones de la ley y el cuestionamiento del orden interior.

 

Los estamentos gobernantes del continente tienen que adjudicarse una definición nueva en términos democráticos, y concederle a la democracia civil y a la estabilidad interna la jerarquía de principios de seguridad suprema en cada una de las naciones.

 

En el ámbito político existen puntos cruciales como la violencia, que tiene como ejemplos más elocuentes a México, Colombia, Jamaica, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Violentar el escrutinio popular está emparentado con rasgos arcaicos provenientes del hecho post-colonial, como la ausencia de partidos políticos modernos al estilo europeo o norteamericano; el caudillismo con su clientelismo; el enfoque del Estado como una meta para el enriquecimiento de los políticos, el llamado Estado-corruptela.

 

En América Central los espacios que requieren la consideración máxima de seguridad nacional son la violencia social, el crimen organizado y el tráfico de drogas, amén de la emigración masiva hacia Estados Unidos a causa del fracaso de los gobiernos nacionales, que se transforma en el esquema de la inmigración ilegal norteamericana.

 

En nuestro hemisferio, la centralización estatal es un mal longevo; así tenemos el Estado como empresario económico, igualmente el desequilibrio entre el Estado-minotauro y el individuo-sin- opciones y a merced de la burocracia. El Estado en el continente, del mismo modo, cuenta con débiles servicios de inteligencia y contra-inteligencia civiles -cuando existen- que más bien resultan cuerpos policiales relativamente especializados y más capacitados que la policía común, pero que no disponen de entrenamiento, tecnologías o programas para lidiar con las realidades contemporáneas que representan aparatos de inteligencia y subversión como los desarrollados durante muchos años desde La Habana, Beirut, Damasco o Teherán, o fomentados por organizaciones de carácter clandestino como al-Qaida, Hizbolah, las FARC, ETA e IRA, entre otras.

 

En el contorno social es notoria la existencia en todos los países del continente de viejos códigos criminales, muchos de ellos con base en la colonia, que no contemplan los nuevos delitos producto de las nuevas condiciones y realidades. Por ello, los organismos que se ocupan de atender la esfera criminal son inoperantes, con escasa calificación y carentes de tecnologías y laboratorios de punta. Esta negligencia y falta de capacidad y eficacia hace que la seguridad en tales países sea ineficaz e inapropiada, atentando contra la estabilidad democrática.

 

La descolonización que nunca fue

 

En la lucha de las colonias españolas por su independencia, del Río Bravo a la Patagonia, pasando por Cuba, perecieron más indios y negros (400,000) que blancos, pero este sacrificio no fue compensado ni económica ni políticamente.

 

Y bien, es cierto, las convulsiones anti-coloniales de América en última instancia son las del patriciado euro-blanco, que busca la hegemonía del poder; en ellas, las banderas de la revolución norteamericana y la toma de La Bastilla no pasan de ser salmos legitimadores para quienes no guardaron escrúpulos cuando de aplastar sangrientamente a negros, indios y mestizos atravesados en su camino se trataría. De ahí las masacres de negros en Argentina, a manos de Domingo Faustino Sarmiento y Mitre, y el temor al ejemplo que podía ejercer Haití en las dotaciones de esclavos de Cuba.

 

La auto-legitimidad del Estado-nación-democrático post-colonial de América Latina descansará en estructuras de racialización y de un colonialismo que no se ejerce hacia ultramar, sino hacia dentro, hacia las minorías indígenas y afro-descendientes, denigradas por la herencia euro-céntrica. América Latina, incluyendo a Cuba, no participó de una verdadera descolonización. La independencia decimonónica en América resultó una transferencia de poder de élites ibéricas a elites euro-blancas criollas vinculadas al modelo europeo. La situación inicial de la conquista se repitió; a la colonización siguió la re-colonización, donde los indios, mestizos, negros y  mulatos son invisibles.

 

Al no forjarse con la independencia el proceso de descolonización, el cual más que resultar una evolución objetiva de transferencia de poder es subjetiva, pues tendría que reconocer y remodelar la deformación ideológica colonial, la pasión monolítica de lo ibérico, habría que cuestionar los proyectos políticos que se constituyeron como democracias a partir del devenir de una sola de las partes pobladoras del territorio.

 

Por ello no asombra que muchas de las democracias latinas no atiendan con programas específicos a las minorías existentes y no luchen por eliminar las diferentes formas de discriminación, ya sea étnica, racial o de género; asimismo, las empresas nacionales no se ocupan de su responsabilidad social corporativa con las comunidades donde se asientan.

 

En suma, nos hallamos ante mecanismos de prevención endebles debido a un inadecuado sistema judicial y a una policía civil y criminal incapaz e incapacitada. De ahí entonces el desarrollo del narcotráfico a niveles transnacionales, con el uso de verdaderos corredores de la droga en Belice, Haití y México, por ejemplo.

 

Uno de los sumarios fundamentales, herencia de las tradiciones post-independentistas, y exacerbados en la Guerra Fría, es el de los ejércitos. El cuerpo militar en casi todos los países del continente tiene como doctrina la lealtad primaria hacia lo militar y no hacia las autoridades civiles.

 

De ahí que en las crisis ellos creen sus fuerzas para-militares, crezcan con sus empresas militares, y determinen las necesidades de seguridad nacional con sus servicios de inteligencia. Sin embargo, los principios de la seguridad nacional contemporánea van mucho más allá del estrecho concepto y limitación de miras de los militares, pues abarca temas económicos, estructurales y sociales. Por lo tanto, el continente requiere que sus élites y estamentos civiles estructuren instrumentos de carácter civil que definan, estructuren y han funcionar la seguridad nacional en cada país, y elaboren las doctrinas acordes con tales requerimientos.

 

Mientras en el continente la seguridad nacional siga siendo definida por las fuerzas armadas la democracia se mantendrá demasiado vulnerable, puesto que en estas condiciones nunca podrá traspasar el umbral de los cuarteles, y los tópicos fronterizos, de bolsones de miseria, de corrupción y demás, quedarán al libre albedrío o la espontaneidad. De ahí que resulte ineludible no sólo la reformulación de qué es para cada uno de los países del continente su seguridad nacional y cuál es la regional y la hemisférica, sino de igual manera reformar las fuerzas armadas, reorganizar y fortalecer los aparatos de la policía local (criminal y política), y profesionalizar y remodelar todo el sistema judicial.

 

Sin dudas a los niveles de seguridad se han elevado también diferentes factores y agentes geo-económicos. Al petróleo y el gas (en Trinidad Tobago, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia), que resultan vitales para la economía mundial y hemisférica, se unen la existencia del uranio en Venezuela, del Canal de Panamá como vía estratégica para la armada norteamericana y el comercio trans-oceánico; así como la producción de armamentos en Brasil, Argentina y Venezuela.

 

Ya no sólo el tema de la no proliferación de armas nucleares es requerido; a ello se deberá añadir el de las armas de destrucción masiva (químicas y biológicas), y la comercialización ilegal de armamentos. Los combustibles irradiados se han convertido en una mercancía ilegal anhelada por aquellos que desean violar los acuerdos de no-proliferación; así como el comercio de tubos de zirconio, grafito de calidad nuclear y plantas de enfriamientos primarios, entre otros.

 

Tanto los puertos como los aeropuertos han ascendido en la jerarquía de seguridad hasta convertirse en elementos clave.

 

Uno de los aspectos que ha frustrado la seguridad hemisférica ha sido el de los fracasos de integración económica, como el del Mercado Común Centroamericano, que es una unión inefectiva; el Pacto Andino, que no pasa de ser un mero foro de reuniones aburridas; el ALBA, que tiene un filo agresivo; la etérea Carretera de la Selva en el Cono sur; la cacareada Hidrovía Bolivia-Uruguay, con la posibilidad de unir los ríos Paraná y Paraguay, o el descontrol en la zona de las “tres fronteras”.

 

El continente también tiene su ración abundante de complicaciones fronterizas latentes que requieren toda la atención nacional y regional. Además de los ya mencionados anteriormente, hay que considerar los casos de Argentina con las islas Malvinas; el diferendo fronterizo de Estados Unidos con México, debido al narcotráfico y a la inmigración ilegal; las crisis periódicas entre Haití y República Dominicana, que tradicionalmente se apaciguan con extrema violencia; y la tirantez fronteriza entre México y Guatemala y México y Belice,

 

Todo ello ha traído conflictos regionales, casi todos con vigencia actual, como el de México con América Central, la división entre la costa y las altas planicies en los casos de Ecuador y Costa Rica, y del altiplano y las sierras en Bolivia. El sumario de las poblaciones afro-descendientes marginadas va cobrando fuerza. Así tenemos el caso de Ecuador, donde ya el 40 % de la población es afro-descendiente; en Colombia, con la región del Chocó, donde la población afro-descendiente ya es el 30 %, el caso de Cuba, donde asciende al 65 %; y la marginación en Perú y Costa Rica de la población afro-descendiente.

 

(continuará