Cubanálisis  El Think-Tank

PUBLICACIÓN ESPECIAL EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

 

Dimas Castellanos, La Habana

 

 

                               

 

 

                                

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN CUBA

 

Reforma constitucional o nueva Constitución

 

Este trabajo es el primero de varios artículos que dedicaré al tema de la reforma constitucional que se está llevando a cabo en Cuba por una Comisión de Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular encabezada por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.

 

Las constituciones -el texto de mayor jerarquía en el orden jurídico-político de los Estados-reflejan el desarrollo social alcanzado, la correlación de las fuerzas políticas y el reconocimiento y garantía de los derechos ciudadanos.

 

En dependencia de los cambios, que en la época de las nuevas tecnologías de la información se suceden de forma vertiginosa, los textos constitucionales tienen que ser readaptados, mediante una reforma o su sustitución por otra nueva.

 

La Constitución vigente en Cuba, redactada en 1976, sufrió dos reformas, ninguna de las cuales logró colocar a la sociedad cubana a la altura de los tiempos. Separados por 42 años desde su promulgación, la misma no refleja los cambios ocurridos y mucho menos las necesidades del país. Su desfase con la realidad, interna y externa es de tal magnitud que requiere ser sustituida.

 

De espalda a esa realidad el Gobierno, subordinando las necesidades del país a una ideología y a la conservación del poder, ha optado por una reforma; un propósito posible por la inexistencia de un Estado de derecho, de una sociedad civil autónoma y de ciudadanos, lo que le permite a las autoridades, en su condición de poder constituido, proceder a la reforma sin convocar a un poder constituyente elegido por el pueblo.

 

Sin embargo, aunque el Gobierno cuente con todo el control para imponer su voluntad, si desconoce las causas fundamentales del estancamiento social, como todo lo indica, la reforma anunciada será un nuevo fracaso, porque la solución a la profunda crisis en que Cuba se encuentra resulta y resultará imposible sin la participación de los cubanos como verdaderos sujetos del cambio.

 

La razón es sencilla. Aunque el desconocimiento por una gran parte de la población de la relación directa que existe entre el mejoramiento de las condiciones de vida y las libertades refrendadas en la Ley fundamental de la República, el interés -condición imprescindible para salir de la crisis- requiere devolver a los cubanos la condición de ciudadanos, lo que implica poder ejercer de manera plena las libertades y derechos correspondientes. En esa relación radica el quid del problema.

 

En la actual constitución las libertades de palabra, prensa, reunión, manifestación, asociación y conciencia, recogidas en el artículo 53, que debieran servir de soporte de la soberanía popular para la participación, de forma paralela y autónoma al Estado en la vida pública y en los destinos de la nación están castradas por el artículo 54, que limita el ejercicio de dichas libertades a las llamadas organizaciones de masas, donde la persona y por tanto el interés brillan por su ausencia.

 

Las organizaciones de masas, creadas por el poder, están subordinadas constitucionalmente al único partido permitido, a la ideología que ese partido profesa y con los medios de comunicación controlados por el Partido-Estado, que según reza en el artículo 5, es la fuerza superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el comunismo. Mientras el artículo 62 expresa nítidamente que: Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.

 

Los artículos citados, además de constituir un mecanismo de freno para el desarrollo del país y de sus nacionales, constituyen una flagrante negación de la historia constitucional de Cuba, que desde el siglo XIX, con mayor desarrollo en las constituciones republicanas de 1901 y 1940, las libertades ciudadanas fueron refrendadas sin acotamientos partidistas o ideológicos, lo que les permitió servir de fundamento a los avances alcanzados en materia de libertades políticas como lo expresó Fidel Castro en 1953 en su alegato durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada:

 

Os voy a referir una historia. Había una vez una República. Tenía sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada, y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.

 

La reforma constitucional anunciada, si desconoce la necesidad de regresar a las libertades ciudadanas que fueron proscritas, como un paso determinante para sacar al país del actual estancamiento, el resultado no será sino un incentivo para profundizar la actual crisis.

 

 

Reforma constitucional y soberanía

 

El concepto de soberanía constituye una valiosa herramienta cuando los ciudadanos lo  asumen y ejercitan. Surgido en la lucha contra las monarquías en los nacientes estados nacionales de Europa es prácticamente desconocido por los cubanos de hoy, quienes carentes de la condición de ciudadanos e inmersos en la sobrevivencia les  resulta alejado de sus necesidades inmediatas.

 

El concepto de soberanía constituye una valiosa herramienta cuando los ciudadanos lo  asumen y ejercitan. Surgido en la lucha contra las monarquías en los nacientes estados nacionales de Europa es prácticamente desconocido por los cubanos de hoy, quienes carentes de la condición de ciudadanos e inmersos en la sobrevivencia les  resulta alejado de sus necesidades inmediatas.

 

El objetivo de este artículo -segundo de una serie dedicada a la reforma constitucional en Cuba- es mostrar su origen, evolución y presencia en nuestra historia para la comprensión de un concepto tan vital como el de soberanía.

 

Origen y evolución del concepto

 

Cinco de los pensadores que formularon y enriquecieron ese concepto entre la edad media y la moderna, fueron los siguientes:

 

1- El pensador francés Jean Bodin, en Los seis libros de la república (1576), definió la soberanía como el poder máximo que tiene el soberano; un poder absoluto, indivisible e irrestricto para imponer leyes, que reside en el monarca, quien se somete únicamente a la ley divina o natural.

 

2- El jurista y filósofo alemán Juan Altusio, en Análisis Sistemático de la Política (1603), introdujo el concepto de soberanía popular, al que definió como patrimonio colectivo que reside en el pueblo y no puede ser enajenado ni transferido, pero sí  representado por un gobernante designado para una función pública, quien puede ser destituido por el pueblo.

 

3- El filósofo inglés Thomas Hobbes, en su Leviatán (1651), planteó la existencia de un estado de naturaleza originario del cual la humanidad sale a través de un contrato que da nacimiento a la sociedad civil. Mediante ese contrato los hombres, `para su seguridad, renuncian a sus derechos y libertades y transfieren la soberanía al monarca instituido para que los gobierne.

 

4- El escritor francés Carlos Luis de Secondat barón de  Montesquieu, en El espíritu de las leyes (1748) definió al gobierno republicano como aquel en que el pueblo, o una parte del pueblo, tiene el poder soberano y aportó la teoría liberal de la división de  poderes, base de las modernas repúblicas y de las democracias, con lo que complementó el concepto de soberanía: un Poder Legislativo bicameral; un Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las leyes, depositado en el monarca; y un Poder Judicial para su aplicación. Con las ideas de Montesquieu el concepto de  soberanía tomó cuerpo en la Declaración de Independencia del  Congreso de Filadelfia de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en los posteriores textos constitucionales de Europa y América. Y sentó los cimientos de la sociedad civil con la siguiente tesis: “El pueblo que goza del poder soberano, debe hacer por sí mismo todo lo que él puede hacer; y lo que materialmente no puede no puede hacer por sí mismo y hacerlo bien, es menester que lo haga por delegación en sus ministros”.1

 

5- El escritor y filósofo francés Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social o principios del derecho político (1762),  complementó el concepto al definir la soberanía como poder del pueblo. Según su teoría el contrato convierte a los contratantes en una persona pública para defender y proteger la persona y los bienes de cada asociado, que toma el nombre de República o Cuerpo Político, en la cual reside la soberanía. En ese cuerpo, cada uno, uniéndose a todos, no obedece sino a sí mismo y permanece tan libre como antes2. Los asociados toman colectivamente el nombre de Pueblo y particularmente el de ciudadanos como participes de la autoridad soberana3. Y sentenció:  "el poder se trasmite, pero  no la voluntad no4”.

 

Su presencia en Cuba

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la Constitución de Guáimaro (1869) fue redactada en correspondencia con la teoría de los tres poderes de Montesquieu: el Legislativo en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo en el Presidente y el Judicial quedó aplazado en espera de una ley especial. Como forma de gobierno se adoptó la republicana, en la que el pueblo entero o una parte de él, tiene el poder soberano. En la de Jimaguayú (septiembre de 1895), los delegados depositaron la soberanía en un Consejo de Gobierno; el poder ejecutivo en el Presidente y el poder judicial independiente. En la de la Yaya (1897), se legisló de  forma similar a  Jimaguayú.

 

En la primera mitad del siglo XX, fiel a la tradición constitucionalista, la Constitución de 1901, en su primer artículo declaró que “El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adoptó la forma de gobierno republicana”5. Y en el artículo 43 refrendó: “La soberanía reside en el pueblo de Cuba, y de éste dimanan todos los Poderes Públicos”6, es decir, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

 

En la Constitución de 1940 se ampliaron los derechos y libertades contemplados en la de 1901; se ratificó la división de poderes; se confirmó la residencia de la soberanía en el pueblo; se extendió el sufragio universal hasta las féminas; y se legitimó la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales.

 

En esos preceptos legales se sustentaron los procesos electorales democráticos entre 1940 y 1948 y la resistencia cívica y militar ofrecida contra el Golpe de Estado de 1952; una historia constitucional, según expresó Fidel Castro durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada en 1953: abrieron el proceso de liberación de las colonias españolas en América, cuyo último eslabón fue Cuba. En esta filosofía –dijo– se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional que fue desarrollándose desde la primera Constitución de Guáimaro hasta la de 19407. En su alegato añadió: Es un principio elemental de derecho público que no existe la constitucionalidad allí donde el Poder Constituyente y el Poder Legislativo residen en el mismo organismo8.

 

De las cinco leyes revolucionarias que serían proclamadas después de tomar el cuartel Moncada, la primera "devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla"9. Sin embargo, una vez en el poder, el 7 de febrero de 1959, la Constitución del 40 fue sustituida sin consulta popular por la Ley Fundamental de la República de Cuba, violándose un atributo esencial de la soberanía popular: la facultad de reformar la ley suprema de la nación.

 

Diecisiete años después, en 1976, en la primera Constitución revolucionaria la soberanía formalmente continuó residiendo en el pueblo cubano. En su artículo 3 dice: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”10. Digo formalmente porque resulta imposible que, desconociendo la división de poderes, la ausencia de sufragio universal libre para elegir a los representantes y en ausencia de otros partidos políticos, la soberanía pueda residir en el pueblo. por todo ello, lo primero que debe reformarse son los artículos de la actual constitución que impiden que ese pueblo sea el verdadero soberano y que en su lugar esté subordinado al poder de un partido político y de una ideología.

 

La residencia de la soberanía en el pueblo, además de una necesidad, constituye una  deuda pendiente con la historia constitucional del mundo y de Cuba, y con los delegados cubanos a las asambleas constituyentes de Guáimaro, Jimaguayú, la Yaya, la de 1901 y la de 1940; pues, una constitución legítima "es aquella que emana directamente del pueblo soberano11.

 

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1 Montesquieu. El Espíritu de las leyes. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, p.50

2 J, J, Rousseau. Obras Escogidas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973, p. 612.

3 Idem. p.613

4 Idem, p. 618

5 H. PICHARDO. Documentos para la historia de Cuba. Tomo II, p.75

6 H. PICHARDO. Documentos para la historia de Cuba. Tomo II, p.82

7 F. Castro. La historia me absolverá. Edición anotada. La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2008, p.85

8 Idem, p.81

9 Idem. p. 46

10 Ministerio de Justicia. Constitución de la República de Cuba (actualizada), 2004, La Habana.

11 F. Castro. La historia me absolverá. Edición anotada. La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2008, p.32

 

 

Reforma constitucional: cambiar para no cambiar

 

Cuba está inmersa en una crisis profunda. Su principal causa radica en la ausencia de las libertades fundamentales -de conciencia, información, expresión, reunión, asociación, sufragio y habeas corpus- que constituyen la base de la comunicación, del intercambio de opiniones, de concertación de conductas y de toma de decisiones de los ciudadanos.

 

La Constitución de un Estado establece la organización, funcionamiento, estructura política, derechos y garantías de los ciudadanos. Sus normas, dirigidas a promover la participación, el desarrollo y el bienestar social, deben ser actualizadas en correspondencia con las transformaciones que se producen en cada sociedad.

 

El retroceso sufrido por Cuba, en la época del vertiginoso desarrollo de las novísimas tecnologías de la información y las comunicaciones, en los 42 años de vigencia de la Constitución de 1976, demuestra que la misma constituye un mecanismo de freno.

 

En medio de esa situación, el Gobierno cubano ha iniciado una reforma constitucional, cuya peculiaridad consiste en que la comisión integrada para ese fin no ha sido elegida por el pueblo, sino designada por un parlamento subordinado al partido gobernante y encabezada por las mismas figuras que detentan el poder desde hace seis décadas.

 

Se trata, una vez más, de cambiar para no cambiar, y cuando sectores de la sociedad cubana, independientes del partido gobernante, han elaborado propuestas que deberían ser incluidas en los cambios. Me refiero al segundo informe elaborado por el Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia: "Resultados de los estudios sobre Marco Jurídico y Tránsito Constitucional en Cuba".

 

Si la comisión designada, por razones ideológicas o de conservación del poder, ignora nuevamente las propuestas que contemplen la reincorporación de las libertades fundamentales, además de desconocer nuestra historia, el resultado será nulo.

 

Los derechos fundamentales debutaron con la Carta Magna que los nobles ingleses impusieron al rey Juan I de Inglaterra en el año 1215; se desarrollaron con el Acta de Hábeas Corpus de 1674, con la Declaración de Derechos inglesa de 1689, y asumieron la forma contemporánea con la Declaración de Independencia de EEUU de 1776, y la Declaración de Francia de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esos derechos estuvieron presentes a lo largo de la historia constitucional de Cuba, como podemos ver:

 

El Proyecto de Gobierno Autonómico para Cuba (1811), del padre José Agustín Caballero -representante de la naciente clase criolla-, ya contemplaba la creación de una Asamblea de Diputados del Pueblo, designados mediante sufragio, con poder para dictar leyes.

 

El Proyecto de Constitución (1812) de Joaquín Infante, abogado bayamés e integrante de la conspiración de 1810, dirigida por Román de la Luz y Juan Francisco Bassave, que agrupó a blancos y negros en Cuba. Fue la primera constitución independentista para Cuba y contemplaba la división entre los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Militar. Recogía la observancia de los derechos y deberes sociales dirigidos a la igualdad, a la libertad, a la propiedad y a la seguridad. Y reconocía la libertad de opinión, con tal que no se ofendiera el dogma y la moral, el sistema de gobierno, ni a los ciudadanos en particular.

 

El Proyecto de Instrucción para el Gobierno Autonómico Económico y Político de las Provincias de Ultramar (1823) -adecuado a las particularidades cubanas- del padre Félix Varela, que introdujo la ética como portadora del principio de la igualdad de todos los seres humanos y como fundamento de los derechos sobre los cuales se erigen la dignidad y la participación ciudadana. Varela consideraba perjudicial la puesta en vigor de libertades y derechos políticos exclusivamente para los blancos criollos, por lo cual preparó el primer proyecto cubano para la abolición de la esclavitud.

 

La primera Constitución mambisa (1969), redactada por la Asamblea Constituyente de Guáimaro -que rigió en los territorios ocupados por las fuerzas insurrectas durante la Guerra de los Diez Años-, refrendó la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición.

 

Esa guerra fracasó en sus objetivos. Según Ramón Roa, debido a las indisciplinas, motines y sublevaciones que se produjeron entre los independentistas. "A la independencia patria -decía- se sobreponía la independencia personal". Una guerra, que como expresara José Martí, "no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos".

 

El Pacto del Zanjón con el que terminó la guerra, presentado por el general español Arsenio Martínez Campos, fue firmado por la mayoría de los jefes insurrectos sin haber alcanzado sus objetivos: la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud.

 

A cambio de la independencia Cuba obtuvo las condiciones políticas, orgánicas y administrativas contempladas en el artículo 13 de la Constitución española de 1876; libertades que se concretaron en publicaciones, partidos políticos, sindicatos, periódicos y otras asociaciones que robustecieron la actividad de los cubanos y prepararon las condiciones para el reinicio de las luchas por la independencia en 1895.

 

Así lo demuestra la labor realizada por asociaciones independentistas como es el caso del Partido Revolucionario Cubano, para el cual José Martí nombró a Juan Gualberto Gómez delegado nacional en la Isla.

 

A cambio de la abolición de la esclavitud se obtuvo la libertad a los colonos asiáticos y esclavos que habían luchado en las filas insurrectas, lo que significó el tiro de gracia de una institución que constituía, además de antihumana, un freno para la economía.

 

El Pacto del Zanjón fue un hecho político. Del mismo emergió la sociedad civil cubana con bases legales. Aquellas libertades, hoy suprimidas, fueron el fundamento de los movimientos sociales durante el siglo XX: de la revolución del 30, que derribó al Gobierno de Gerardo Machado; de la autonomía universitaria; del nacimiento de la Confederación de Trabajadores de Cuba; de la avanzada legislación obrera de 1938; del derecho de la mujer al voto; de la promulgación de la Constitución de 1940; y de la lucha cívica y militar que desembocó en la toma del poder por los revolucionarios en 1959.

 

La sustitución en 1959 de la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano, que rigió durante 17 años; la declaración de "Elecciones, ¿para qué?" en 1960; la estatización casi absoluta; la prohibición a los cubanos para ser empresarios en su propio país; la inexistencia de elecciones democráticas y la pérdida de la condición de ciudadano, constituyen retrocesos a tener en cuenta cualquier reforma constitucional.

 

La Constitución de 1976 subordinó las libertades fundamentales al artículo cinco, que "reconoce al Partido Comunista como la fuerza superior dirigente del Estado y de la sociedad para construir el socialismo y avanzar hacia el comunismo", lo cual anuló su esencia. Mientras que los artículos seis y siete definieron cuáles son las asociaciones que reconoce, protege y estimula el Partido Comunista. Así, la historia constitucional de Cuba sufrió una regresión histórica que nos retrotrajo a la época anterior a la Paz del Zanjón.

 

Las libertades fundamentales constituyen un derecho trascendental e inherente a la persona humana. Todo intento de suprimirlas o limitarlas, como ha ocurrido en Cuba, además de constituir la causa fundamental de nuestro estancamiento, estuvo, está y estará condenada al fracaso, pues la participación pública en los destinos del país, requiere la existencia del ciudadano.

 

 

Reforma constitucional, propiedad y clase media

 

"Los mayores peligros que hoy amenazan a la civilización son la estatificación de la vida, el Intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos"1.

 

Este, el cuarto y último de los artículos acerca de la reforma constitucional, está dedicado al papel de  la propiedad y la clase media.

 

La propiedad

 

La propiedad privada emergió de las primeras formas de vida comunitaria, se extendió con la esclavitud, cambió de forma con el feudalismo, volvió a mutar con el sistema capitalista y en los espacios que el socialismo le ha permitido demostró su eficacia. Lo que hay que cambiar es la proporción en que se redistribuye lo producido, es decir, lo referido a la justicia social.

 

El estatismo convierte la economía en factor de pobreza. Para convertir la propiedad en palanca del desarrollo se impone eliminarlo. Tal  como el desarrollo individual y el social se condicionan mutuamente, la propiedad privada y la social se complementan., el problema radica en determinar en cada época y lugar cuál o cuáles de sus formas resultan más ventajosas.

 

La clase media

 

Figuras relevantes del siglo XIX cubano se pronunciaron acerca de la propiedad y la clase media. Innumerables figuras, desde Juan José Díaz de Espada2se refirieron al tema, que José Martí resumió así: Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos"3.

 

Esa pequeña propiedad es el germen de la clase media; un sector que basado en el esfuerzo personal, el trabajo y la sobriedad, surgió en la Inglaterra del siglo XVII y se extendió al resto del planeta y por supuesto a Cuba.

 

La respuesta a la pregunta ¿Cómo usted ve el panorama económico de Cuba?, formulada por Lisandro Otero a empresarios cubanos en 1959 arroja luz sobre  el pensamiento de un sector que fue barrido por la revolución. Uno de ellos, Julio Lobo, accionista mayoritario de centrales azucareros dijo: Con honestidad, capacidad y progreso en la administración pública, Cuba será una de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo. Es natural que los comunistas traten de infiltrarse en el nuevo Gobierno y en sus organismos, como ha ocurrido en los propios Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero con una administración capaz, honesta y progresista, los comunistas difícilmente encuentren una brecha.

 

Las constituciones republicana y las confiscaciones

 

El artículo 32 de la Constitución de 1901 reza: "Nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización...". Mientras artículo 87 de la de 1940 refrendó: "El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley".

 

La revolución de 1959 tomó otro camino. En ese año con la primera ley de reforma agraria el Estado concentró el 40,2% de las tierras cultivables. En 1960 expropió las grandes empresas norteamericanas y 36 centrales azucareros, 16 fábricas de tabaco, 14 de cigarrillos, 20 almacenes tabacaleros, los bancos nacionales y extranjeros, otras 362 grandes empresa y toda la industria nacional con  más de 25  trabajadores. En 1962 se intervinieron peleterías, tiendas de ropa y ferreterías. En 1963 las mil fincas que tenían más cinco caballerías engrosaron el fondo estatal hasta el 70% de la tierra cultivable.  Y en 1968 se confiscaron las 55 636 micro y pequeñas empresas que habían sobrevivido la ola expropiatoria.

 

La economía quedó estatizada, los dueños sustituidos por jefes y administradores. El desinterés y la ineficiencia generalizados se solapó con las subvenciones externas hasta que la desaparición de la URSS hundió al país en la crisis bautizada con el eufemismo de "Período Especial en Tiempos de Paz". Como resultado el Gobierno se vio obligado a permitir pequeños negocios privados.

 

El cuentapropismo

 

En 1993 se autorizaron 117 actividades por cuenta propia. En 1994 se amplió el número hasta 157. En 1997 se permitió el arriendo de viviendas en la ciudad de La Habana. Y en 2010 se aumentó el número de actividades a 181 con múltiples limitaciones para impedir la formación de pequeños y medianos empresarios: los Paladares sólo podían tener 12 sillas; los que rentaban viviendas no podían ofertar otros servicios; los oficios  sin aseguramiento de materiales e impedidos de contratar de personal de apoyo; en la agricultura sin instrumentos de labranza, semillas, abonos, plaguicidas y altos impuestos en todas las actividades.

 

En agosto de 2010 las medidas introducidas por Raúl Castro aumentaron las actividades permitidas y la contratación de fuerza de trabajo con el fin de ocupar a los trabajadores estatales que quedarían disponibles. Los  paladares pasaron de 12 a 20 plazas, se amplió la actividad de arrendamiento de viviendas. Se aumentaron otras tres actividades, se autorizó a vender productos y servicios a entidades estatales, y se aumentó de 20 a 50 sillas en los paladares.

 

En lugar de propiciar la conversión del cuentapropismo en pequeñas y medianas empresas, a partir de los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados en abril de 2011, continuaron las prohibiciones hasta que en agosto de 2017 toparon los precios, confiscaron mercancías y equipos de transportistas privados y vendedores ambulantes, suspendieron la emisión de nuevas licencias y  redujeron las actividades permitidas hasta 123.

 

Ahora, hace apenas unos días, el pasado 10 de julio de 2018 se dictaron nuevos impuestos, se limitaron las licencias a una  autorización por persona, se impuso la obligatoriedad de una cuenta bancaria fiscal para las principales operaciones financieras, se eliminó la exoneración del pago de impuestos por la contratación de hasta cinco trabajadores, y suspendieron las licencias para las actividades que más utilidades reportan al cuentapropismo.

 

Si la reforma constitucional en marcha no rectifica el rumbo equivocado, no habrá desarrollo. El freno a la actividad privada, empeñada en impedir el surgimiento de un empresariado nacional, atenta contra el destino de Cuba y de los cubanos.

 

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1José Ortega y Gasset. La rebelión de las masas. El País. Clásicos del siglo XX. Madrid. 2002, p 166

2Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, Obispo entre 1800 y 1832

3José Martí. O. C. tomo 7 Nuestra América. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1991, p.134.

 

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