Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

   

                  Eugenio Yáñez,

            Juan Benemelis, y

            Antonio Arencibia

                   

 

CONGRESO DEL PARTIDO AL BORDE DEL ABISMO

 

SEGUNDA PARTE: CAMBIAR TODO PARA QUE NADA CAMBIE

 

Cuentapropismo

 

Raúl Castro y la dirigencia del régimen quieren convertir el trabajo por cuenta propia en el futuro de más de un millón de empleados que deben ser cesanteados, quienes perderían además, inmediatamente, ciertos beneficios vitalicios provenientes del Estado.

 

El general-presidente y los medios oficiales recientemente tuvieron que defender la iniciativa privada ante las trabas que los burócratas comenzaron a poner a los aspirantes a “cuentapropistas”, y fue criticado en especial lo engorroso y lento de los trámites burocráticos.

 

Hasta el momento, según el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, unos 130,000 cubanos han solicitado las licencias, y más de 113,000 la han obtenido desde octubre pasado a enero de 2011. Como a las nuevas licencias hay que sumar las 157,000 existentes, empezó el 2011 con la nada despreciable cifra de 270,000 autorizados a trabajar en el sector privado.

 

Aunque no llama la atención que la quinta parte de las nuevas autorizaciones otorgadas correspondan a elaboración y venta de alimentos, hay que destacar que le sigue en importancia la autorización para contratar trabajadores. Es decir, se amplía al sector privado nacional la derogación del precepto comunista que prohibía la “explotación de la fuerza de trabajo para obtener plusvalía”, que solo se aplicaba en las empresas mixtas.

 

Por eso no es de extrañar que en su discurso en diciembre ante la Asamblea Nacional Raúl Castro dijera, al referirse a los cuentapropistas, que era

 

necesario cambiar mentalidades (…) y no generar estigmas ni prejuicios hacia ellos, ni mucho menos demonizarlos, y para eso es fundamental modificar la apreciación negativa existente en no pocos de nosotros hacia esta forma de trabajo privado”.

 

Pero a pesar de todas las declaraciones, el gran desafío para el sector del cuentapropismo es la falta de capital, la ausencia de un mercado mayorista de suministros, y una carga tributaria sin incentivos a esos nuevos negocios. Aunque facilitar créditos bancarios está contemplado en los lineamientos del Congreso, se formula de manera muy imprecisa, ya que el sistema bancario del país no cuenta con una red de bancos privados o públicos que realicen préstamos a la población.

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el dinero recibido del exterior como parte de las remesas familiares no deja demasiado margen para desviarlo totalmente como capital de trabajo para las nuevas microempresas, ante la actual elevación de los precios en la canasta básica, porque, a diferencia del envío de remesas de emigrados a otros países del área, las de los cubanos, lejos de utilizarse en fines productivos, han creado hábitos de dependencia para el consumo inmediato, debido a las extraordinarias dificultades y carencias de la vida cotidiana.

 

La aplicación de gravámenes excesivos sobre la entrada de dólares fue revisada y rebajada recientemente en un 10 por ciento, -si se hace a través de Western Union-, con un doble objetivo: impedir el envío de esta divisa por operadores clandestinos, y alentar el incremento de las remesas.

 

Como se ve, el problema de la doble moneda y los envíos familiares sigue siendo de gran complejidad, pero el régimen no tiene una solución a la vista, y si a eso se le suma la “liberación” y encarecimiento de artículos de primera necesidad, fundamentalmente los alimenticios, y los ya señalados excesivos impuestos y falta de crédito nacional, la iniciativa privada tiene que sortear colosales obstáculos para poder despegar ante tantas barreras.

 

El sistema impositivo tributario que se aplicará a los ingresos, como está planteado, ahoga al cuentapropismo y no crea estímulos para la producción y los servicios.

 

El Ministerio de Finanzas y Precios ha establecido una legislación para presupuestar los impuestos, ante la imposibilidad de conocer el porcentaje adecuado de acuerdo a los ingresos de cada cual, factor que ha comenzado a desalentar al cuentapropista, puesto que los ingresos privados responden a vaivenes del mercado.

 

Esa política irracional de impuestos, basada en la más retrógrada ideología, va en sentido contrario a las prácticas más avanzadas en la actualidad para el desarrollo de las pequeñas empresas, basadas en otorgar facilidades y hasta tres años de gracia tributaria a los trabajadores autónomos o por cuenta propia que no logren obtener ganancias en los inicios.

 

La crisis del “reordenamiento laboral”

 

El despido masivo de trabajadores previsto por el régimen, bautizado con el eufemismo de “reordenamiento laboral”, se definió como piedra angular de la reforma económica, enmascarada también como “actualización del modelo”, y prácticamente ha sido frenado, al menos en su estrategia inicial de aplicación. A lo draconiano de la medida se sumó la proverbial ineficiencia y desorganización de la dirigencia administrativa y partidista intermedia y de base –fiel reflejo de la ineficiencia al más alto nivel- para que se produjera el aborto.

 

Hasta los primeros días de marzo, en algunas provincias y organismos la ejecución de los despidos se había aplicado solo al 10% de las cifras previstas en el proyecto. Raúl Castro se vio forzado a reconocer, disfrazando el fracaso como orientaciones de sentido común, que

 

el proceso de disponibilidad laboral que se ejecuta para disminuir las plantillas infladas en el sector estatal no constituye un fin en sí mismo, sino una medida encaminada a recuperar la eficiencia y la disciplina en los colectivos de los trabajadores”.

 

De manera que el general debió ordenar un cambio de dirección y de la misión inmediata en la ofensiva prevista, al señalar que

 

 “una tarea de esta magnitud que afecta de un modo u otro a tantos ciudadanos no puede enmarcarse en plazos inflexibles y su ritmo de avance dependerá de la capacidad para crear condiciones organizativas y legales para garantizar su exitoso despliegue y el control de su desarrollo”.

 

A pesar de haber forzado a la dócil central sindical oficialista a actuar como cómplice en la carnicería laboral, lo único verdaderamente logrado ha sido exponer públicamente, más aún, el extraordinario abismo entre la dirigencia totalitaria y la población de a pie.

 

Si todo despido resulta traumático en cualquier momento, un despido masivo como el proyectado tenía que suponer, necesariamente, un shock masivo en la población, que puede convertir en tragedia familiar las angustias cotidianas para la simple supervivencia.

 

Sin embargo, los encargados de decir a los trabajadores en cada centro laboral quien quedaría y quien se iría de su puesto de trabajo no serían nunca los bonzos sindicales ni funcionarios de dirección administrativa que disfrutan de refrigeradas oficinas y autos estatales, sino los dirigentes sindicales, administrativos y partidistas de la base, que deben convivir día a día con sus colegas de trabajo, esos que se irían o que quedarían.

 

Tener que dar las malas nuevas cara a cara a los “excedentes” en cada centro de trabajo no es lo mismo que poder comunicarlas a través de la prensa oficialista o desde lo alto de una tribuna en la Plaza de la Revolución. Lo que trajo por resultado que los dirigentes de base se identificaran más rápida y fácilmente con las víctimas que con los victimarios.

 

De forma tal, la resistencia al “reordenamiento laboral” comenzó desde los mismos inicios del proceso, pero no fue llevada a cabo por “la burocracia”, ese ente abstracto al que se acusa de todo en el totalitarismo, porque no identifica a nadie, y que en diferentes análisis fuera de Cuba se considera todavía como la rémora.

 

La resistencia provino de las bases sindicales y de muchos militantes del partido de base, que podían ser, en ambos casos, tanto víctimas como victimarios, porque todos saben que aunque en la primera vuelta de despidos podrían tal vez escapar inermes, los primeros quinientos mil a ser desplazados son menos de la mitad del millón trescientos mil que se proyectan para “reorganizar” las plantillas laborales.

 

Con el cambio de ritmo impuesto por el régimen al “reordenamiento laboral”, y sin una definición precisa de un nuevo cronograma que habría que hacer público, las cesantías masivas pueden demorar indefinidamente, prolongando la agonía de todos los potenciales afectados, que incluyen a todas las categorías de trabajadores del país, ya sean obreros, técnicos, profesionales y personal administrativo y de dirección.

 

La demora en el proceso no supone menos presión en la olla social, porque si ejecutar los despidos masivos era claramente, aun antes de comenzar, un peligroso foco de tensiones, su prolongación de manera indefinida, lejos de calmar los ánimos, genera más y mayores ansiedades y más conflictos en los centros de trabajo y en las familias cubanas.

 

El proyecto ha resultado una trampa para el neocastrismo. Una vez abierta la Caja de Pandora, las complicaciones fluyen. Porque no se trata solamente “de la capacidad para crear condiciones organizativas y legales para garantizar su exitoso despliegue y el control de su desarrollo”, como pretende el régimen, sino de replantearse en su conjunto la estrategia de “actualización del modelo”.

 

Como la resistencia y las dificultades para reubicarse no dependen solamente de temores subjetivos, sino de realidades muy concretas en cada uno de los lugares y sectores de la economía, no basta con elaborar un nuevo calendario, realizar pequeños ajustes organizativos, y apretarles las tuercas a los dirigentes de la base, tanto administrativos como partidistas y sindicales.

 

Lo que se requiere, y no hay, son opciones reales para que los desplazados puedan lograr una reubicación decorosa en las plantillas estatales, o se arriesguen en gran escala a trabajar por cuenta propia en condiciones que ofrezcan un mínimo de certidumbre, dentro de la incertidumbre que supone trabajar para sí mismo en cualquier lugar del mundo y en cualquier economía.

 

A manera de ejemplo de dificultades específicas para la estrategia del “reordenamiento”, que van más allá de la disposición o no a correr riesgos por parte de los desplazados, puede verse lo siguiente:

 

Reuters señalaba recientemente una realidad muy específica en el sector de la salud:

 

La semana pasada, a 29 enfermeras en uno de los nueve centros de salud de Camagüey le ofrecieron otros puestos de trabajo en hospitales locales, al ser declaradas “disponibles”. Algunas están aceptando la oferta y las demás se van a casa, porque en la clínica se trabaja ocho horas al día, mientras que en los hospitales se labora un turno de 12 horas por día o de noche, y muchas veces se trabajan hasta 24 horas porque las enfermeras, a veces, no llegan a su trabajo”.

 

Concretamente, irse de un centro de salud a trabajar a un hospital aparentemente sería una opción interesante, pero dadas las diferentes características de las obligaciones y condiciones de trabajo en el hospital, si no van acompañadas de un incremento salarial significativo, no son factores de motivación para las enfermeras que quedan excedentes en los centros de salud.

 

Es decir, la opción entre irse a casa sin empleo o trabajar en el hospital doce horas diarias en vez de ocho, sin diferencias sustanciales en salario, es una “opción” muy limitada. Ciertamente, de no aceptar el trabajo en el hospital se perdería el salario, pero mientras éste no sea el verdadero medio para vivir decorosamente, el temor a perderlo no es el peor de los escenarios.

 

Por eso, si de enfrentar el llamado reordenamiento laboral se trata, la opción del cuentapropismo es y sigue siendo relativamente ficticia.

 

Si el régimen optó por una medida del así llamado neoliberalismo clásico, debería ser consecuente con el concepto: lo prioritario debe ser, para desarrollar el cuentapropismo, establecer un período de gracia tributario a quienes se arriesguen a la aventura, sin forzar regulaciones absurdas, y posibilitar realmente el desarrollo de un sector de trabajadores por cuenta propia que no solamente pueda absorber la mano de obra excedente del sector estatal, sino también aportar a la producción y los servicios tan deficitarios a la población.

 

Aunque por razones tácticas se demore el proceso de despidos masivos, lo que hay en el fondo es que el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba se desentienda de los trabajadores, los liquide, -según opinan otras voces disidentes-, como “clase sobrante”, y redefina su relación con los ciudadanos como si todos fueran miembros del partido.

 

Para ello, los Lineamientos violan el artículo primero de la Constitución, que define a Cuba como un Estado socialista de trabajadores, e introduce ahora el principio de que representa a los ciudadanos. Es el fin de la máscara de una “dictadura del proletariado” que siempre fue, y seguirá siendo, la dictadura sobre los trabajadores y el resto de los cubanos.

 

La prueba palpable de esa actitud del régimen son las resoluciones ministeriales que regulan el despido masivo, según las cuales un trabajador con treinta años de antigüedad recibirá durante cinco meses un 60% de su salario, y los que tengan menos años de trabajo, una compensación aún menor. Cualquier norma como esta provocaría una huelga general en cualquier país democrático.

 

En todo este proceso está implícito que, como consecuencia de la reducción de plantillas estatales, los que continúen trabajando recibirán un importante incremento salarial, pero en los Lineamientos no se concreta cómo ni cuándo se llevará cabo esa correspondencia entre trabajo-ingresos-precios.

 

El punto 19 del documento plantea que los ingresos de los trabajadores estatales dependerán de los resultados obtenidos por sus respectivas empresas, pero eso no es más que una generalidad.

 

Lo que sí se especifica son las restricciones a normas tradicionales: por ejemplo, en el punto 142 se eliminan las becas, las licencias de trabajo y los estímulos y facilidades para el estudio universitario, y en el punto 164 se establece que los comedores obreros funcionarán a precios no subsidiados sin compensación salarial alguna.

 

Empresas estatales

 

El problema del funcionamiento y autonomía de las empresas estatales en el “socialismo real” es tan antiguo como los intentos de organizar un sistema de gestión socialista eficiente, pero nunca ha tenido ni tiene posibilidades de solución, pues el punto de partida es una trampa en sí mismo, por cuatro razones:

 

§        Por mucho que se desee, la planificación centralizada no puede sustituir al mercado como regulador de la producción. El pretexto teórico de que la planificación elimina todo el “despilfarro” que provoca el mercado quedó hecho añicos por Nilolai Bujarin ya desde los años treinta en la Unión Soviética, y posteriormente en los años sesenta en Polonia por Woldzimierz Brus en su excepcional obra teórica “El funcionamiento de la economía socialista”, y eso se confirmó finalmente durante la perestroika desatada por Mijail Gorbachov. Si el plan pretende imponerse por sobre la empresa, ésta nunca podrá disfrutar de verdadera autonomía ni alcanzará la eficiencia. Y el despilfarro que provocaba la planificación centralizada en el “socialismo real” siempre fue muy superior al que supuestamente debía provocar el mercado, aunque los manuales de economía política del socialismo y los cuadros del partido no se dieran nunca por enterados.

 

§         Mientras el Partido Comunista sea definido como fuerza superior de la sociedad, cuya única tarea concreta es justificar su existencia y nada más, que puede disfrutar de toda la autoridad que pretenda, pero sin tener responsabilidad por los resultados de su injerencia en la producción y los servicios, pues los fracasos se achacan siempre a las empresas y nunca al Partido, la autonomía empresarial seguirá siendo una ficción, pues un director de empresa siempre sabe que una presión del órgano municipal o provincial del Partido, por no mencionar al Comité Central, es mucho más difícil de resistir o evitar que las presiones que provengan desde el ministerio o el órgano territorial correspondiente.

 

§         Aunque se plantea la igualdad entre empresas estatales, cooperativas y trabajadores privados como personas jurídicas independientes, en la práctica las empresas estatales son sobredimensionadas en su importancia como entidades “moralmente superiores” a las cooperativas y trabajadores privados, por lo que tanto el Partido Comunista como el gobierno se consideran en la obligación de “atenderlas” prioritariamente, lo que propicia y facilita la injerencia.

 

§         Los órganos territoriales, cuyas funciones de gobierno no están perfectamente claras en la Constitución socialista a pesar de tantos “perfeccionamientos” realizados, y a los que se asignan en provincias y municipios funciones administrativas que no les corresponden, consideran su deber el control de la actividad empresarial en sus respectivos territorios. Pero como a esos niveles existen muchas más relaciones interpersonales que entre las empresas y los organismos centrales, las posibilidades y tentaciones a la injerencia sobre las empresas, se multiplican la intromisión y el cercenamiento de su autonomía.

 

Por eso, aunque en los Lineamientos se hace referencia a la eficiencia y autonomía empresarial, y aunque se aceptara que realmente se pretende otorgar autonomía operativa a las empresas estatales, si los cuatro factores condicionantes mencionados anteriormente se mantienen, y se van a mantener, la autonomía empresarial nunca pasará de una sencilla declaración de intenciones, sin valor práctico ninguno, y la eficiencia no aparecerá jamás. Más de setenta años de socialismo marxista lo confirman.

 

A esta trampa pueden escapar temporal y parcialmente las empresas militares o administradas por los militares, que disfrutan de la ventaja psicológica de funcionar bajo la égida de las fuerzas armadas o el ministerio del interior, así como las llamadas “corporaciones”, que pueden operar gerencialmente en condiciones más cercanas al funcionamiento de las empresas privadas, aunque, naturalmente, solo sea en los aspectos formales.

 

Estos grupos de empresas, además, funcionan con un sistema de contabilidad y control de costos muy superior a la media nacional, dentro del así llamado Perfeccionamiento Empresarial, que aunque es muy inferior al sistema de gestión empresarial en una economía de mercado, permite detectar mucho más fácilmente las injerencias externas a la gestión de la empresa e identificar a los transgresores externos.

 

Consiguientemente, si, como se pretende, el “Perfeccionamiento Empresarial” se irá poco a poco extendiendo a todas las empresas del país, se hará más evidente la contradicción entre la gestión empresarial autónoma, las veleidades de la planificación centralizada y la injerencia partidista y de los gobiernos locales en la administración empresarial. Entonces, el régimen deberá tomar decisiones trascendentales sobre el alcance y funciones de los órganos del Partido, si realmente pretende que las empresas estatales sean más eficientes y puedan dar resultados positivos.

 

Y eso significaría replantearse, si no de manera pública al menos de manera práctica, el verdadero alcance de la planificación centralizada como mecanismo de regulación de la economía, así como el “derecho” y la “obligación” del Partido de estar siempre “en el centro de todo”, y la verdadera autoridad de los órganos locales del Poder Popular.

 

Las desigualdades

 

La eliminación de los subsidios y las gratuidades a la población y los subsidios personales excesivos ya está afectando el consumo en los sectores más pobres que no reciben dólares del exterior ni pueden conseguirlos, legal o ilegalmente.

 

La supresión de gratuidades y subsidios excesivos no se sustituye con ningún tipo de retribución material y estimulación social adecuada, entre otras razones, porque el régimen tendría para ello que determinar un “nivel de pobreza” oficial antes de otorgar prestaciones personales, a través de formas de propiedad y participación colectiva, ni se ajustan a los gastos de un salario diferenciado. Para asegurar que exista la equivalencia trabajo-salario se requiere una reforma de precios.

 

Otro punto que debe considerar el Congreso, y que ahonda las diferencias sociales, es el 162, que habla de “una eliminación ordenada” de la libreta de abastecimientos que, según el texto, es utilizada también por quienes no la necesitan y “fomenta el mercado negro”.

 

La única manera relativamente justa y sensata de eliminar la libreta de abastecimientos es establecer un mecanismo de formación de precios y salarios realista, donde las relaciones entre la oferta y la demanda determinen el volumen de los precios, pero también de los salarios, y que el gobierno compense adecuadamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la población a través de diferentes mecanismos posibles y conocidos en todo el mundo.

 

Cualquier otra variante, desde los llamados a eliminar los absurdos subsidios excesivos a “los pichones”, hasta la palabrería hueca de que “nadie quedará desamparado”, no van más allá de la demagogia pura y dura, y nunca podrán resolver los verdaderos problemas de la correspondencia entre producción y distribución, oferta y demanda, salarios y precios, consumo y justicia social.

 

En opiniones recogidas en la limitada prensa católica de la Isla se va más allá de lo planteado por Raúl Castro, pues no solo están abogando por un cambio de mentalidad, en la cual se pierda el miedo a la creación de riqueza y la aparición de nuevos ricos, sino se advierte que ello es menos peligroso que la actual pobreza extendida.

 

Vinculado a las remesas de los familiares desde Estados Unidos y otros países, que algunos calculan en US$2 mil millones anuales, sumados a otros US$2 mil millones en envío de mercadería, cuatro mil millones de dólares en total –cifra tal vez algo exagerada- hay, un grave problema de desigualdad social y étnica.

 

Se estima que más de un 80% de las remesas a la isla son para cubanos blancos, de sus parientes blancos en Estados Unidos, mientras la población afro-cubana (estimada en un 67%) es la menos beneficiada. Ello profundiza los problemas raciales y de clase. La elevada desigualdad de acceso a la moneda fuerte es un asunto tan delicado que ha llevado a criticas y resistencia a las reformas en las instancias de base del PCC.

 

Las reformas sociales

 

El texto principal del VI Congreso del PCC no aborda los problemas sociales, políticos y éticos que están provocando y pueden provocar las medidas propuestas. Pensado bajo la presión de la inmediatez, desconoce lo perspectivo: pecado capital para un militar, cuando bajo la presión de la situación no piensa opciones para el día siguiente.

 

El texto, como era de esperarse, no critica los escandalosos privilegios de la gerontocracia y la nomenklatura, ni hace alusión a las fuerzas armadas, al Ministerio del Interior, ni a las deficiencias de su propia prensa.

 

Los lineamientos apuntan a reducir la expansión de los servicios, la cual dependerá de la marcha general de la economía.

 

La cantidad de universitarios estará determinada además por las necesidades económicas y se orientarán las universidades para preparar técnicos y profesionales en las ramas relacionadas con el mercado. De momento, se han privilegiado para el próximo curso escolar 2011-2012 las carreras pedagógicas, de ciencias médicas, ciencias puras y tecnología, reduciéndose al mínimo las de ciencias sociales y algunas humanidades.

 

El documento del Congreso anuncia que se revisarán al alza las tarifas eléctricas, pero ni los cuentapropistas ni las cooperativas tendrán subsidios, es decir, aumentarán sus costos. La aplicación de una tarifa eléctrica sin subsidios amenaza con sobrepasar la recargada capacidad de pago del sector residencial. Asimismo, el documento llama a implantar medidas para medir y reducir el consumo de agua nacional, debido a la sequía.

 

Con respecto al alquiler de viviendas, quien renta una casa de su propiedad debe abonar, como impuesto fijo, 150 pesos cubanos por la primera habitación que tenga la casa o apartamento, y 75 por cada otra suplementaria. Esos precios no son viables para una casa situada en un pueblo del interior del país, donde no llegan grupos turísticos y donde los residentes cubanos no tienen ingresos que le permitan pagar la renta que el propietario de la vivienda debe cobrar para poder pagar el impuesto fijo que se establece.

 

Críticas al Congreso

 

Raúl Castro ha tenido que demorar las reformas concebidas tratando de que la biología le ayude a consolidar el poder sin interferencias.

 

La retirada a medias de Fidel Castro ha sido durante mucho tiempo un freno al proyecto neocastrista: internamente, porque primero con sus escritos, y después con el regreso a la actividad pública, ha debilitado la autoridad de Raúl Castro; y externamente, porque las cancillerías extranjeras temían que pudiera presionar para frenar o revocar las reformas.

 

A estas alturas del juego, vísperas prácticamente del Sexto Congreso del PCC, ya se ha despejado esa incógnita pues en todas las decisiones estratégicas, no solo el “general- presidente” ha consultado al Comandante, sino le ha convencido de que el abismo que amenaza al régimen, -y que él mismo anunciara en la Universidad de La Habana en noviembre del 2005, más por olfato e instinto que por análisis racional-, está más cerca y es más profundo de lo que imaginó

 

Naturalmente, lo anterior es el resumen de un proceso que responde también a otras variables.

 

Por eso se cambió el orden entre la Conferencia y el Congreso del Partido, que Raúl Castro justificó se debía al “avance de la preparación de los documentos”, y para discutir primero “el tema principal, que es la economía”.

 

En consecuencia, se cambia la agenda y serán ahora los delegados al Congreso los que elijan el Comité Central, siguiendo la norma de todos los congresos anteriores. Con esta decisión, queda flotando la duda de cuál sería el tema de la Conferencia, e incluso si es necesario realizarla.

 

Por eso es que Machado Ventura habla públicamente de un “Congreso atípico”, primero, por estar dedicado exclusivamente a la economía y, además, porque sus asambleas provinciales y municipales no serán preparatorias, sino se celebrarán a posteriori, para “bajar” los acuerdos.

 

Estamos en una etapa de la Sucesión, a casi un quinquenio de comenzada, que tiene algo de definitivo y a la vez de inconcluso, porque el neocastrismo ya está muy definido como proyecto, pero tiene que disfrazarse con los ripios del fidelismo para comenzar a ser viable.

 

Los cuadros intermedios del régimen todavía no abandonan el lenguaje tardocastrista, y se lanzan a las reformas a pesar de sus reservas, porque saben que ya no se puede dar marcha atrás, ya que se ha hecho conciencia en todo el país de la necesidad de cambios sustanciales.

 

Los cínicos, o los que se “embarcaron” en el pasado creyendo en falsas promesas de reformas o “rectificaciones”, necesitan un proceso donde prime básicamente el gatopardismo: cambiarlo todo para que nada cambie.

 

Si bien tienen razón en lo referente al aspecto del poder político, no es lo mismo en el campo de la economía, y hay que decir que en estos momentos ya hay muchos cubanos que están adquiriendo pequeños espacios de libertad individual mediante su actividad económica privada.

 

Por otra parte, la cúpula raulista ha tenido que ser flexible en el cumplimiento del cronograma de aplicación de las reformas económicas, introduciendo modificaciones, lo que demuestra que el estilo de campamento no puede funcionar en la sociedad.

 

Por eso se extendió el límite de tiempo para el “reordenamiento laboral” de medio millón de trabajadores estatales, condenado de origen al serle encomendado a los sindicatos oficialistas, algo que los deslegitima, aún más, ante los trabajadores.

 

Muchos opinan que Fidel Castro se refería a las dificultades que tenía ese plan de despidos masivos cuando dio una de sus raras opiniones sobre las reformas en reunión con los intelectuales extranjeros invitados a la Feria Internacional del Libro:

 

“El pueblo no sabe muchas cosas, es culpa nuestra. Nosotros hemos hecho los Lineamientos, ahora tenemos que completar eso, explicar bien”.

 

El proceso de discusión de los lineamientos del VI Congreso del PCC no ha sido tan amplio como muchos pensaban; es el momento de menor participación real de la militancia de base del PCC y de los sindicatos, ya que coincide con el inicio de la “reorganización laboral” y los participantes temen destacarse por críticas demasiado incisivas.

 

Es por eso que primó el formalismo en torno a muchas de las macro y micro decisiones por las que había que votar. No obstante, se han deslizado críticas suficientes en el tema más álgido, el desempleo masivo, dentro del más de medio millón de “propuestas de supresiones, adiciones, modificaciones, dudas y preocupaciones”, que reconoce el régimen. Esto ha sido un factor clave en la decisión de prorrogar - no detener - el cronograma del proceso de cesantías.

 

Ante esa atmósfera de inseguridad laboral en todo el país se han alzado voces aisladas dentro del Partido, que consideran incorrecto y socialmente peligroso dejar en manos del Congreso la aprobación de los Lineamientos finales sin una seria crítica de la base.

 

Esos son los críticos moderados del programa económico, que olvidan que ya todo está decidido al estilo militar (de arriba hacia abajo) porque el Consejo de Ministros ya aprobó el Plan de Desarrollo de la Economía hasta el 2015, sin esperar siquiera la formalidad de que el VI Congreso trazara la política económica de los próximos años.

 

Un grupo exiguo de militantes han planteado de forma rotunda que los LPES son un documento neoliberal de esencia burguesa que busca implantar en el país el capitalismo monopolista de estado, y que su enfoque economicista no da solución a los problemas que plantea. Además critican la política de compensaciones a los desplazados y la falta de una opción de recalificación para los mismos. De más está decir que esas opiniones no han podido ganar mucho espacio de opinión en la Isla.

 

Además, critican la política de compensaciones a los desplazados y la falta de una opción de recalificación para los mismos.

 

Sin embargo, no debe pensarse que la nomenklatura partidista cubana está en condiciones intelectuales ni emocionales para sostener un debate teórico serio y desapasionado sobre neoliberalismo y socialismo, reformas económicas y justicia social: prácticamente, no están preparados nada más que para apoyar y aplaudir las decisiones que se toman “allá arriba” por “esta gente”.

 

Los aspectos políticos

 

La cuestión política está explícitamente excluida de los Lineamientos Económicos y Sociales.

 

Al respecto tienen razón los que se han pronunciado no solo por la modernización de la economía sino “del poder”, y acusan a la cúpula del régimen de “cinismo ideológico”, porque siguen dando órdenes aunque sus metas y promesas de medio siglo se hayan desprestigiado.

 

El problema es que cuando la camarilla de guerrilleros históricos se propone avanzar a medias por la vía del socialismo de mercado, no está buscando ni el Estado de Derecho ni la democratización, sino se está aferrando a la dictadura para lograr el pretendido despegue económico en pocas décadas con fórmulas neoliberales aplicadas impunemente, pero también de manera incompleta.

 

Es el intento de repetir a estas alturas el exitoso experimento de los “tigres asiáticos”, pero comenzando con casi medio siglo de retraso.

 

Una de las críticas más importantes que puede hacerse a ese documento del PCC se refiere a sus fallas de estructura y coherencia.

 

En muchos puntos, los lineamientos no abordan vías posibles de afrontar las dificultades planteadas o nuevas posibles soluciones (por ejemplo, relación Estado-Sociedad, Estado-Partido, partido-organizaciones sociales, carácter de las instituciones y mecanismos jurídicos de la democracia socialista en el siglo XXI, democracia partidaria, carácter de la sociedad civil y derechos humanos y sociales, papel de los medios de comunicación en la participación social, y más.).

 

El paquete de medidas no dispone de una contraparte que lidie con las transformaciones ideológicas y políticas que las mismas habrán de generar, sobre todo en las afectaciones en las áreas de salud, educación, cultura, deportes y seguridad social.

 

Incluso el rol del Partido Comunista está planteado de manera tal que aparece sólo como un mero ejecutor del paquete económico, y no se asume la participación de los colectivos de trabajadores (y de las comunidades) en las decisiones económicas, empresariales y de gobierno.

 

Tampoco se considera el vínculo de diversas formas de propiedad existente: estatal, privada, mixta, cooperativa.

 

La promoción y organización de cooperativas se relega a un papel de tercer o cuarto orden, y están restringidas a las localidades, sin poderse ampliar a otros sectores productivos, comerciales y de servicios, o de uniones de cooperativas, integradas y transversales.

 

El proyecto en su conjunto da la impresión general de algo elaborado con demasiada prisa, miedo, y concesiones a la ortodoxia castrista.

 

Parecería que Raúl Castro necesitaba imperiosamente que su hermano mayor le permitiera realizar un arriesgado experimento económico y social a escala nacional.

 

Como el general sabe muy bien lo que se juega, va despacio. Sabe que la administración Obama ha seguido aflojando el embargo, aunque a su edad, los dos años que quedan a la actual administración norteamericana se ven como una eternidad.

 

Por eso, todo lo que tiene que hacer es ganar tiempo y evitar que se le complique demasiado el panorama social, al menos mientras esté vivo el Máximo Líder.

 

(continuará)