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COLECTIVIZACIÓN: ÚLTIMO ASALTO DE LA UTOPIA

                                                                                                      

                                                                                                                              Gonzalo Daniel Fernández Reyes Abogado, ex Director Jurídico del Ministerio de la Agricultura

 

Con los planes de desarrollo agropecuarios ya definidos y funcionando, sobrevivían aun varias decenas de miles de agricultores pequeños, concentrados en zonas de varias provincias, donde prevalecía este tipo de propiedad y por esas mismas causas no habían sido diseñados los citados planes.

 

El 17 de mayo de 1961 fue creada la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), fungía como Presidente el viejo dirigente campesino José “Pepe” Ramírez Cruz, que provenía de las filas del Partido Socialista Popular (Comunista).

 

Siguiendo órdenes de Fidel Castro, Ramírez lanzó a mediados de 1976, en un evento nacional de esa organización, la propuesta de crear Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), donde la forma de propiedad sería colectiva. Era este el último asalto de la UTOPIA, para de una vez y por todas exterminar la propiedad privada sobre la tierra en Cuba, el gran sueño de Fidel Castro.

 

Desde aquel momento varios miles de cuadros y funcionarios de la ANAP y de los Ministerios de Agricultura y de la Industria Azucarera, se lanzaron a crear cooperativas en todo el país. Yo participé en la constitución de unas 80 cooperativas en la provincia de Ciego de Ávila. El principio de “voluntariedad” fue esgrimido de inmediato para acometer aquella tarea de primer orden priorizada por el Comandante en Jefe, aunque lo de “voluntario” era más que dudoso.

 

La ANAP “bajó” orientaciones precisas del Partido, creó un sistema de emulación nacional que partía del principio de que eran buenos cuadros aquellos que a su nivel municipal o provincial alcanzaran el mayor por ciento de tierras colectivizadas, y la meta, por supuesto, era llegar a la  totalidad de las tierras cooperativizadas.

 

Los campesinos sufrieron un implacable bombardeo de visitas, primero en las Asambleas de las Bases Campesinas, y más tarde en sus propias viviendas. Promesas, presiones y amenazas  caracterizaron el proceso: las zanahorias esgrimidas fueron la electrificación, viviendas en el pueblo que se construiría en la cooperativa, autoconsumo garantizado de por vida para la familia, leche, el pago de los bienes aportados a partir de las utilidades de la cooperativa, pensión asegurada a partir de llegar a la edad de jubilación, y los propietarios que tuvieran 65 o más años de edad podrían acogerse a una pensión, aspecto que quedó al arbitrio de la ANAP, la que de inmediato comenzó a ofrecer pensiones vitalicias a diestra y siniestra.

 

Conocí decenas de casos que por pequeñas fincas de 6 o menos hectáreas se dieron 4 o 5 pensiones. Era el momento de oro para el despilfarro, y muchos propietarios accedieron a que sus tierras pasaran a la cooperativa, siendo un por ciento significativo por venta o para acogerse a una pensión.

 

Cientos de entidades fueron creadas en tiempo muy breve a partir de “orientaciones” pero la norma legal sobre las Cooperativas de Producción Agropecuaria, la Ley No. 36, solamente se dictó en 1982, cuando ya casi todas las CPA habían sido constituidas.

 

Como política, el Estado priorizó a esas Cooperativas en cuanto a la asignación de maquinaria agrícola, medios de transporte, equipos de riego y otros recursos materiales, créditos flexibles, comercialización priorizada, materiales para la construcción de viviendas, entregas adicionales de tierras en usufructo, permutas para compactar sus áreas,…

 

Todo indicaba que se había logrado dar un paso importante y definitivo con aquella medida, y que por fin quedarían exterminados los indisciplinados y conflictivos agricultores privados, que se caracterizaban por dar constantes quebraderos de cabeza violando “la legalidad socialista”.

 

El proceso de colectivización comenzó a declinar en cuanto a la creación de nuevas cooperativas a mediados de la década de los años ochenta. Las que se dedicaban a la producción tabacalera, cafetalera, cañera y ganadera, que representaban un por ciento mayoritario, fueron un verdadero fracaso.

 

Las causas estaban dadas, esencialmente, porque el Estado asumió el control absoluto de esas entidades, y bajo el característico sello distintivo del sistema los Presidentes y Jefes de esas instituciones pasaron a la nomenclatura de la ANAP y el Partido.

 

La inmensa mayoría de los propietarios que se incorporaron a las cooperativas lo habían hecho a partir del objetivo de obtener una vivienda, electricidad y una pensión. Sus hijos ya no estaban en las fincas, por lo que los antiguos propietarios en muy poco tiempo dejaron de ser cooperativistas y entonces se vieron en la necesidad de incorporar fuerza de trabajo que provenía del sector estatal o de estudiantes recién graduados, ambos sin disciplina ni hábitos de trabajo, y sin cultura agrícola, o tener que depender de las grandes movilizaciones para las cosechas de café, tabaco, caña,…

 

El Ministerio de Agricultura y la ANAP encontraron en esas cooperativas docilidad para determinar las siembras a realizar y a quienes comercializarlas, mientras el Partido y el Gobierno Municipal encontraron solución de empleo para cuadros y funcionarios que ya eran incompetentes en sus actividades, y los ubicaban en cargos de dirección de esas entidades.

 

La Ley No. 36 tenía, y tiene hoy su sucesora, dos preceptos muy bien diseñados para alcanzar el objetivo: las tierras y bienes integrados a la cooperativa no podían retornar a sus antiguos propietarios por ningún concepto y, por otra parte, al disolverse, todos los bienes, incluyendo la tierra, deben ser adquiridos por el Estado. Este mismo precepto ha sido incluido en las nuevas cooperativas no agropecuarias recientemente autorizadas.

 

Las promesas comenzaron a incumplirse; cientos de cooperativas nunca fueron rentables, y el 25% de las utilidades debían destinarse para el pago de los bienes aportados, por lo que aun en el año 2006 existían personas que habían aportado sus bienes y no habían recibido pago alguno, o solo una parte.

 

Los autoconsumos y la leche fueron otra gran desilusión, debido a que en algunas entidades no existían posibilidades de darlos, y en otras, producto a los exiguos niveles de producción, prácticamente lo que se obtenía tendría que haberse asignado a ese destino, y ello era imposible dado que debían vender la mayor parte de su producción al acopio estatal.

 

Los pueblos de las cooperativas fueron construidos principalmente en aquellas con mayores posibilidades económicas, pero apareció una nueva medida no incluida en las “orientaciones” iniciales: las viviendas que se construyeran tendrían el carácter de vinculadas o medios básicos, donde la propiedad solo se adquiriría transcurridos 20 años, en el caso de las vinculadas, y en las consideradas medios básicos nunca se transfería la propiedad. A ello se sumó que un por ciento considerable de esas viviendas habían sido construidas con financiamiento total o parcial de los cooperativistas.  

 

El Gobierno adoptó decenas de medidas para tratar de “salvar al movimiento cooperativo”. Fidel Castro, profundamente irritado, descargó su ira sobre José Ramírez Cruz, el presidente de la ANAP. Criticando las miles de pensiones que implicaron un excesivo incremento de los gastos de la seguridad social, más el evidente fracaso del proceso de colectivización, despidió a “Pepe” Ramírez, alegando que había realizado un trabajo extraordinario pero se encontraba afectado en sus cuerdas vocales y era necesario pasarlo a retiro. Esa decisión fue hace más de veinte años y Pepe Ramírez continuó hablando persistentemente, por lo que parece ser que el descanso lo curó definitivamente.

 

Dentro de las medidas “salvadoras” se aplicó la política de fusión o división de cooperativas, pero la más drástica y masiva fue la disolución. A partir de 1989 cientos de cooperativas fueron disueltas, y ese proceso no se ha detenido hasta este momento. Hoy apenas sobreviven unas 1,000 entidades de ese tipo.

 

Sin embargo, recuerdo que por el año 2000 fue creada una nueva cooperativa, que se constituyó con un solo agricultor, y que tenía como objetivo obtener un financiamiento de una Organización No Gubernamental extranjera.

 

En consecuencia, disolución y no creación definen que el movimiento cooperativo haya sido otro de los grandes fracasos de la dirigencia histórica de la Revolución, y solo tuvo como resultado la reducción de la propiedad privada de la tierra, que quedó conformada entonces en un 80% estatal, 8% colectiva o cooperativa, y 12% privada.

 

La cifra de propiedad estatal debe ser hoy superior al 80%, mientras que las cooperativas deben haber disminuido significativamente, dada la política de disoluciones y compras de tierras que tienen ociosas para entregarlas en usufructo. En el caso del 12 % de privados también debe haber decrecido, ya que la norma legal diseñada se mantiene vigente.

 

A pesar de todo esto, los productores privados, usufructuarios y cooperativas aportan la parte fundamental y mayoritaria de la producción agropecuaria cubana, mientras que las empresas estatales producen cada vez menos y son al mismo tiempo cada vez más ineficientes.

 

¿Podrá finalmente la dinastía Castro lograr el 100% de la tierra en la categoría de propiedad estatal?