Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

                                                                                             por Juan F. Benemelis

 

 

VENEZUELA: El Estado, el Derecho y la Libertad

 

La lucha entre el colectivismo, la subordinación total a la sociedad industrializada y el igualitarismo forzado por los totalitarismos, por un lado, y el individualismo, el libre albedrío y la diferenciación acorde con el talento y las profesiones, por el otro, se hunde en la noche de la historia.

 

La idea de los 25 barones ingleses, reunidos en Runnymede el 15 de junio de 1215, sublevados contra el rey Juan sin Tierra, rey de Inglaterra, Lord de Irlanda, duque de Normandía y Aquitana y conde de Anjou, fue volcada en la Carta Magna buscando impedir el uso arbitrario y egoísta del poder por parte de su administrador, subordinando y limitando al Estado a la ley constitucional, pero nunca considerando la renuncia de los derechos naturales para transferirlos a una imaginaria volonté générale del pueblo soberano a lo Jean-Jacques Rousseau.

 

A partir de la Carta Magna el derecho constitucional buscaba corregir y limitar la esfera del gobernante, por medio de principios elementales y pautas de conducta e interrelación, que permitiesen el libre accionar y el respeto al derecho individual. Así, se logró el orden de la sociedad sin someterla a pactos o acuerdos con el Estado, puesto que el destino, se consideraba correctamente, no podía ser aprehendido por el humano.

 

John Locke, en su obra Dos ensayos sobre el gobierno civil (1690), sentó los principios del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace con derechos naturales que el Estado tiene que proteger: la vida, la libertad y la propiedad. Locke tendría una influencia determinante en los fundadores de la Revolución Americana de 1776. Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire lo popularizó en Francia y Charles Louis de Secundad, el barón de Montesquieu, perfeccionó su concepto de separación de poderes. Para John Stuart Mill  al socializar el derecho individual entonces el Estado y la sociedad se erigen como los obstáculos para el pleno desarrollo de la libertad y se interroga hasta qué punto tiene derecho una determinada comunidad a civilizar por la fuerza a otra.

 

Los fines y objetivos en los cuales se basó el derecho constitucional fueron desechados en el siglo XIX por los marxistas y social-demócratas, por considerarlos “clasistas” e “individualistas”, dedicados sólo a la administración política y sin función social; anomalía que contribuyó a los graves problemas enfrentados en el siglo XX, con la obsesión marxista y las variables del socialismo en el poder, por crear una armazón político-jurídica que solventase las demandas sociales y se ajustase al supuesto nuevo destino del Estado.

 

El principio consideraba que para transitar por la senda del bienestar se requería un conductor con gran capacidad de acción y amplias facultades para afectar derechos, pero en la práctica ello trastocó los valores de la libertad y del derecho. El filósofo alemán Martín Heidegger reflejó esta transformación al expresar: "El Führer mismo y en sí mismo es la realidad alemana, presente y futura y su ley". Y, precisamente en este punto, el socialismo real, el fascismo y el nazismo estuvieron de acuerdo.

 

La idea de un Estado con atribuciones más allá de las necesarias, como las que está implantando en Venezuela el presidente Hugo Chávez, ha tenido que bregar mucho para plasmarse puesto que se fundamenta en las absurdas doctrinas del siglo XIX, que hablarían de una nueva concepción del derecho, del Estado y de la sociedad. Estos teóricos decimonónicos del derecho, ahora remozados en el socialismo del siglo XXI, se lanzaron a la épica de diseñar sociedades, admirando el modelo espartano en el cual le individualidad era despreciada. Pero, desde el Egipto faraónico, en la medida que el humano ha estado menos sometido al Estado, la resultante general en la sociedad, económicas, sociales y políticas, ha sido mayor que en caso contrario.

 

Es cierto que el sistema de "ley común" anglosajón, medieval en su origen, no salvó a la civilización industrial de organizarse de forma jerárquica, pero no puede objetarse que en las naciones con filosofía democrática la centralización política y económica es más borrosa. Por eso las revoluciones inglesa y norteamericana fueron tan liberales como conservadoras; la peligrosa Revolución francesa gestó, simultáneamente, la democracia y el totalitarismo, y la bolchevique y maoísta solamente el totalitarismo.

El siglo de las Luces, del absolutismo estatista en crisis, enfatizará la soberanía popular como suma de las individuales (de la sociedad civil "lockeana" al nefasto contrato social “roussoniano”), inundando al mundo americano en sus procesos independentistas. De ahí que el masón Simón Bolívar del Congreso de Angostura, replicador de la Carta Magna, admirador del Locke de la sociedad civil y del Montesquieu de la nítida división de poderes (al igual que el José de San Martín del cabildo de Mendoza),  nada tengan que ver con el “contrato social” del absolutista designio “bolivariano”, que intenta con malabarismos teóricos “a los Saussure”, imbricar al caraqueño con el socialismo del siglo XXI.

 El proyecto federativo norteamericano, así como su sistema partidista fracasan a mediados del siglo XIX cuando los estados esclavistas del sur deciden por la separación, como era su derecho constitucional; y sólo mediante una sangrienta guerra civil los unionistas, con su liberalismo Whig, aseguraron la federación con una estructura supra-estatal y un régimen de gobierno bipartidista.

 El proyecto de la democracia, de una descentralización política y un poder gubernamental limitado, bandera de todos los movimientos anti-coloniales del continente Americano, asentado en una economía descentralizada y una república de propietarios,  no ha cesado de acosar a los proponentes venezolanos, et. al., del socialismo del siglo XXI. Por eso, no se justifica, a la luz del derecho del individuo, la intención de la “revolución bolivariana” de un control político jerarquizado y centralizado, que se corresponda al control económico, un esquema que se puso de moda en el Tercer Mundo en la década de los sesenta del siglo pasado.

 Los principios estatistas absolutos de la Revolución Francesa (ideal de la revolución bolivariana chapista, ya refutados en 1793 por William Goodwin en su ensayo Una pregunta acerca de la justicia política), fueron readaptados por todas las vertientes de marxistas de segunda generación, desde Eduard Bernstein y Karl Kautsky, pasando por Gueorgui Valentínovich Plejanov, Rosa “de Luxemburgo”, Lev Davídovich Bronstein “Piero o Trosky”, y Julios Martov; principios luego regurgitados por un aspirante a teórico como Vladimir Ilitch Ulianov “Lenin” y aplicados por Iósiv Vissarionovich Dzhugashvili “Stalin”, y que solo conducen a una estructura despótica del poder que se exime de la razón y que nada tiene que ver con el derecho y la realidad.

 Ya esto se lo habían echado en cara al autoritarismo de Karl Marx en la I Internacional, tanto por Ferdinand Lasalle y por los “libertarios” Mijail Bakunin y Pierre-Joseph Proudhon. Contrario a los pensadores del siglo anterior, el XVIII, en la cual los filósofos establecían las paralelas de la política, el turno del XIX era de los historiadores los cuales asumieron la filosofía política de la civilización. Temas como la organización de la vida pública europea.

 

Los proponentes de la nueva utopía bolivariana deben tener presente que la riqueza superior de la civilización occidental, de corte democrático, comparada con las restantes del planeta, incluyendo las casi cuarenta naciones que intentaron el “proyecto del derecho social por sobre el individual”, ha descansado en su capacidad de producir los más diversos desarrollos, bajo un modelo de civilización que garantiza la libertad y la diversidad individual, sacudiéndose de las viejas formas de la homogeneidad y la tiranía, ahora vestidas con un ethos social cuyo destino será ahogarse en la inmovilidad, pues allí, como en los incontables experimentos que les antecedieron, el desarrollo de la vida social queda cerrado por los obstáculos que instituyen al desarrollo personal.

 

¿Cómo conjugarán los chavistas sus “ideales” de interés social por encima del individual, cuando el sujeto-persona no está hecho para servirla, pues de ella no es siervo en absoluto? Concebir al individuo en función de fines genéricamente sociales y comunitarios implica un horizonte de ruina material y espiritual. Es decir, el individuo tiene un destino propio, distinto al de los Estados o de los programas sociales supra. Es, precisamente, en el estímulo que amplifica y diversifica las posibilidades de realización personal donde reside la verdadera grandeza y riqueza de la civilización occidental, que se ha hecho con la libertad, el trabajo y el ahorro, con esfuerzo y convicción personal.

 

Marx se arma de un estudio parcial sobre la economía mercantil inglesa y la establece como el patrón global del funcionamiento capitalista y llave secreta para descifrar los problemas de la ciencia, la sociedad, la economía y las artes.  A esta metodología, yuxtapone un engendro materialista de la historia calcada del evolucionismo darwiniano, que semeja un ascenso biológico donde las clases sociales explotadas, en lucha por la supervivencia, resultan las portadoras de la civilización, y donde la sociedad es una extensión de la historia natural.

 

Este modelo, como se ha visto en la práctica, no importan sus “ismos” y “variables”  desemboca en un determinismo de todo punto anti-filosófico. Esta dicotomía propuesta por los defensores del “socialismo del siglo XXI” hunde sus raíces en la teología cristiana, en la disputa entre libre albedrío y ley natural; dicha dualidad se halla en el pensamiento greco-latino, en la ley sagrada o Moira, y la necesidad de forjarse individualmente el destino. Los chavistas deben saber y sorprenderse que esta incoherencia insoluble es sólo una refracción del pensamiento occidental.

 

El intento del experimento venezolano, de descubrir la existencia de leyes humanas universales que transciendan las diferencias del comportamiento humano y de las instituciones sociales y culturales, con vistas a adaptarlas a la sociedad que utopizan, sólo es dable con el fortalecimiento del Estado a costa de los derechos individuales, de un absolutismo con un enjuague electoralista.

 Chávez y sus seguidores enarbolan una errónea concepción del desarrollo de las sociedades, por la cual supuestamente conocen el destino final del progreso y de los instrumentos para acelerar tal proceso. Pero la propuesta de aliviar las desigualdades y distribuir mejor la riqueza a partir del Estado y disolviendo al individuo, se transformó históricamente en un planteamiento anti-social pues en la práctica hundió el nivel de vida y limitó las libertades.

 Estas creencias ya se enarbolaron en todo el siglo XX como verdades absolutas y ciertamente fueron abrazadas por muchos  intelectuales romantizados por el colectivismo. Sólo que estos caprichos ideológicos contrarios a la naturaleza humana, transfiguraron al derecho en un instrumento para legitimar lo que en siglos anteriores trató de evitarse: la malversación, el homicidio político, la parcialidad jurídica y la servidumbre del pueblo que fue obligado a transferir sus derechos y libertades a la colectividad.

 

El manejo de la nación venezolana actual está transformando la idea del derecho y del gobierno limitado. Así, el derecho constitucional en Venezuela está quedando para legitimar una estructura política que en nada respeta los derechos individuales y de propiedad. La igualdad ante la ley de cualquier individuo, más allá de su origen y condición, como lo establece nítidamente la constitución venezolana, ahora hay que evaluarla con suspicacia, pues al jerarquizar la “igualdad material” por encima de la igualdad ante la ley, disuelve las amarras que limitaban al gobierno y anulan la eficacia del constitucionalismo.

 

El Estado venezolano ha pasado a representar todos los derechos, incluido el constitucional, y su aplicación se otorga como "favores" del Estado, cuando tales derechos eran primarios, por ser naturales del ciudadano venezolano y antecedían al chavismo. A partir de ello, se ve como la jurisprudencia venezolana se dedica al bochornoso acto de encubrir las arbitrariedades estatales con la invocación del “carácter social” del derecho y del Estado, como si desde su concepción el derecho constitucional fuese antagónico a la sociedad.

 

Al erigirse el presidente Hugo Chávez como salvaguarda de los derechos y libertades individuales y regimentar los actos del venezolano en base a los “altos intereses de la sociedad” (los famosos derechos sociales), el Estado desfigura la idea de libertad y niega el derecho constitucional, pues el individuo va careciendo de instancias de arbitraje, como lo ha demostrado el cierre sin apelación de medios de difusión masiva. Los derechos sociales enarbolados como sagrados por el presidente Chávez, al imponerse por sobre el individuo, afectan al derecho de propiedad y otras libertades individuales que han sido producto del libre y espontáneo interactuar de esa nación desde su creación, de la propia naturaleza del ciudadano, y que antes, no importa los defectos de sus ramas ejecutivas, permitían su realización.

 

En la actualidad, los constitucionalistas venezolanos de tendencia “bolivariana” son en su mayoría pro-estatistas que no valoran en su plena magnitud los derechos naturales del individuo, a los que buscan someter a las ramas ejecutivas del gobierno. El paradigma del gobierno de Chávez, de que el derecho y el Estado, de conjunto, son responsables del progreso social, sólo tienen un fin: establecer un marco institucional arbitrario.